miércoles, 14 de diciembre de 2011

CRIMINALIZACIÓN A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA


En Ecuador y varios países de América Latina y del mundo criminalizar a quienes defienden el agua, los páramos, los ríos, derechos de las comunidades y de la naturaleza, está resultando un mecanismo de control social que intimida, neutraliza, inhibe y hostiga esta labor de defensa de derechos reconocidos y protegidos por el Sistema de las Naciones Unidas y el de los Estados Americanos.

En Ecuador, según la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, la criminalización es una política de Estado, que pretende ser consolidada mediante dos situaciones. La primera, con la interposición de procesos judiciales y administrativos a cientos de mujeres y hombres que defienden derechos de los pueblos y comunidades a nivel del país; y, la segunda, mediante la pretensión de endurecer normas penales, que en lugar de garantizar la labor de quienes defienden derechos humanos y de la naturaleza da paso, de manera inconstitucional, a su represión y sanción.

La Constitución del Ecuador (artículo 98) expresa: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”

Resistir no es delinquir, resistir no es un acto criminal, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades exigen el respeto a sus derechos, resisten a que sean vulnerados.


miércoles, 16 de noviembre de 2011

El agua de Quimsacocha, entre la codicia y la vida

Por: Alberto Acosta1 y William Sacher2
1 de noviembre del 2011


La minería es fundamental para la era moderna. Sin ella regresamos a la época de las cavernas. No podemos caer en la irresponsabilidad de ser mendigos sentados en un saco de oro. La minería correctamente manejada es positiva”.

Rafael Correa, presidente de Ecuador
Quimsacocha, 25 de octubre del 2011


¿Puede ser sustentable la minería?, es la pregunta de fondo. La respuesta es fácil. Definitivamente no. En ninguna parte del planeta hay una minería “sustentable”. Esto no debe sorprender. Por definición la explotación de recursos no renovables no es sustentable. Un proceso extractivista es sustentable cuando puede mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes.3 Sostener lo contrario es practicar un discurso distorsionador.

Es justamente ese discurso, que promete una “minería sustentable”, diseñado por las grandes transnacionales mineras, en el marco de la Iniciativa Minera Global (Global Mining Initiative), hace más de 10 años, el que despliega el gobierno del presidente Rafael Correa.

En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011-2015 se ha asumido este mensaje transnacional. Allí se ofrece generar “condiciones de desarrollo sustentable” en la actividad minera a gran escala. Se dice solemnemente, entre otras muchas promesas incumplibles, que esta actividad contribuiría a “la distribución equitativa de sus beneficios, generando nuevas zonas de desarrollo y contribuyendo al modelo del Buen Vivir.”
 
¿Es posible creer en una megaminería bien hecha que no ocasione severos impactos ambientales y sociales y que, además, se constituya en la senda para el Buen Vivir? Por supuesto que no. La realidad contradice esta afirmación, que no pasa de ser una burda manipulación.

La megaminería a la luz de la realidad
 
El examen de la minería industrial alrededor del planeta evidencia un sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de la Naturaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la destrucción de las potencialidades culturales de muchos pueblos. En el ámbito económico la situación tampoco es mejor. Los países de América Latina, África y Asia cuyas economías dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros, no saldrán de la pobreza.
 
La explotación minera industrial moderna implica la extracción masiva -y en un tiempo muy corto-, de la mayor cantidad posible de recursos minerales; recursos que se han formado en procesos de muy larga duración, a escalas tectónicas. En la actualidad, los sitios de alta concentración mineral se van agotando. Sin embargo, los elevados precios del mercado mundial permiten que la explotación minera sea rentable aún en los yacimientos en donde el mineral es escaso. De allí el carácter sumamente destructivo de la minería del siglo XXI. Para hacer producir estos yacimientos, es necesario aplicar una minería industrial de gran escala, con uso masivo de químicos a veces sumamente tóxicos, el consumo abundante de agua y la acumulación de grandes cantidades de desechos. Esta es la síntesis de la megaminería que se avizora en Ecuador.
   
Este gigantismo provoca la generación de impactos ambientales enormes. A menudo, los efectos nocivos se observan ya en la fase de exploración. Sin embargo, cuando arranca la explotación la megaminería muestra su rostro de monstruo depredador: se abren gigantescos hoyos o túneles en la Madre Tierra y se usan químicos tóxicos para procesar los minerales extraídos a raíz de los cuales se registran invariablemente daños ecológicos irreversibles. La movilización del material extraído afecta grandes extensiones de territorio.

El agua entre el negocio minero y la vida
 
La contaminación minera es particularmente devastadora para el agua. El agua termina por ser inutilizable para el consumo humano y para la agricultura. Si bien estas consecuencias se dan en un grado variable según el tamaño de la explotación y las técnicas empleadas, siempre se produce una contaminación a gran escala de las aguas de superficie y subterráneas, por drenaje ácido de roca y con sustancias tóxicas, incluyendo metales pesados como el arsénico, plomo, cadmio, cromo, cianuro y mercurio, e incluso sustancias radiactivas.


El drenaje ácido de roca es un fenómeno que puede darse desde el inicio de la mina y durar por decenas e incluso miles de años, y es particularmente destructor para los ecosistemas. Esta forma de contaminación ocurre cuando las aguas de lluvia, o aún el aire, entran en contacto con las rocas que han sido desplazadas desde el subsuelo hacia la superficie y acumuladas en las escombreras, en los cráteres de las minas a cielo abierto o en los diques de desechos de la mina. Generalmente, existe un alto riesgo de que se produzca una oxidación de las rocas sulfurosas por la lluvia o el aire húmedo, que terminan por provocar una acidificación inusual de las aguas que corren sobre estas rocas. Son muchos los casos alrededor del planeta en los que todas estas formas de contaminación afectaron a ecosistemas enteros, particularmente a la vida acuática, provocando la desaparición de especies enteras de peces.

En el Ecuador, la mayoría de los yacimientos mineros por ser explotados estarían particularmente expuestos a este problema porque contienen rocas sulfurosas, conocidas por generar drenaje ácido.

La contaminación de las fuentes de agua provoca además un conjunto de impactos directos e indirectos en términos de salud pública, como enfermedades degenerativas, enfermedades de la piel, etc. Una vez que los metales pesados provenientes de las minas entran a la cadena alimenticia, permanecen allí. Estas sustancias se acumulan en los peces y otras especies que absorben dichos metales. Al alimentarse de estas especies, los seres humanos acumulan también estas sustancias en su cuerpo. Las poblaciones más vulnerables a la acumulación de metales pesados son niños, niñas y mujeres embarazadas.


Cabe señalar que la misma empresa Iamgold, propietaria del proyecto Quimsacocha, ha sido acusada de haber contaminado las fuentes de aguas alrededor de su proyecto africano de Yatela en Malí, un país subsahariano que abrió la puerta a la gran minería al fin del los años 90. Allí, según un informe gubernamental, se ha observado tasas anormales de abortos espontáneos en las comunidades aledañas.


La escala de esta devastación está íntimamente vinculada a las dimensiones de las minas y de su voracidad en términos de energía y de agua. La minería industrial moderna requiere enormes cantidades de agua para su funcionamiento. Para extraer una onza de oro (una cantidad apenas más grande que un anillo) se demanda un promedio de 7 a 8 mil litros de agua. Para producir una tonelada de cobre se emplea entre 30 y 500 mil litros de agua. Luego de ser utilizado en la minería, el líquido vital queda irremediablemente contaminado; es decir inutilizable para el consumo humano y para la producción de alimentos.

Las enormes cantidades de desechos que dejan las minas industriales modernas son igualmente responsables de la contaminación a gran escala de las redes hidrográficas. Para darse cuenta de este gigantismo, cabe citar el ejemplo de Canadá, el líder mundial del sector minero: en este país, la industria minera genera 60 veces más desechos que todas las ciudades del país reunidas.

A escala mundial, la producción de una tonelada de cobre puro implica un promedio de 500 toneladas de desechos (tierra estéril, escombros y otros desechos mineros). En el caso del oro, las proporciones son todavía más espeluznantes: la producción de una onza de oro implica un promedio de 20 a 60 toneladas de desechos sólidos, mientras que en ciertos casos, esta cifra puede subir hasta más de 400 toneladas.

En el Ecuador, los proyectos vigentes son fieles a este gigantismo. Para producir un total de 208.800 toneladas de concentrado de cobre, el proyecto minero a cielo abierto Mirador de la empresa ECSA (de capitales chinos) en la Cordillera del Cóndor producirá al menos 326 millones de toneladas de desechos durante la vida de la mina. Esta cantidad representa un volumen correspondiente a más de 4 Panecillos, ¡y es comparable a la recolección de basura de la ciudad de Cuenca por casi 5000 años! Según estimaciones prudentes realizadas por expertos japoneses, la explotación a cielo abierto del yacimiento de Junín en Íntag implicaría la ocupación de 600 hectáreas solo para las escombreras, y 200 hectáreas para los diques de colas.

Cabe señalar que estas grandes cantidades de desechos mineros, al ser acumulados durante muchos años, representan una amenaza para las generaciones actuales y futuras. Son frecuentes los casos de derrames accidentales de desechos tóxicos alrededor del mundo los cuales llevaron a catástrofes ecológicas, económicas y sociales. En el Ecuador, existe un riesgo muy fuerte que se den estos tipos de accidentes a raíz de la alta sismicidad y de las fuertes precipitaciones que se registran en el país, las cuales podrían llevar a la ruptura de los diques de colas.

En el caso del Ecuador, estas contaminaciones del agua serán mucho más graves en áreas geográficas caracterizadas por altas precipitaciones y normalmente ricas en biodiversidad, como es el caso de Intag o particularmente la Cordillera del Cóndor en donde se encuentran los mega-proyectos Mirador, Fruta del Norte y Panantza San Carlos. También son particularmente sensibles las áreas de páramo, zonas de formación de las fuentes de agua del país. Recuérdese que el 12,5% de las zonas de páramo del país ya está concesionado.

Asedio al agua de Quimsacocha

En Quimsacocha, en donde la actividad será subterránea, se estima que cada día se moverán 3.000 toneladas de material; un volumen equivalente a 15 veces el de la recolección diaria de basura de la Ciudad de Cuenca. Si bien es cierto que la minería subterránea no implica una desfiguración tan grande del paisaje, al remover grandes cantidades de roca, provoca los mismos impactos nocivos sobre el ambiente como lo hace la minería a cielo abierto.

Por todo ello, se puede concluir que es altamente probable que ríos y acuíferos queden irreversiblemente contaminados si se explota el yacimiento de oro en Quimsacocha. Esto preocupa. La zona del proyecto minero se encuentra precisamente en una de las principales fuentes de agua de la ciudad de Cuenca y de muchas otras poblaciones aledañas, cuyos habitantes, con justa razón, protestan en contra de esta actividad. Los moradores pueden respaldarse en el Informe UAIE 0036-2009 de la Contraloría General del Estado, que estableció que estas “concesiones mineras afectarían la calidad y cantidad del agua en la cuenca del Río Yanuncay", que abastece a la Planta de Tratamiento de Agua Potable SUSTAG de ETAPA.

En estas circunstancias, resulta una falacia decir que la explotación en Quimsacocha “no contaminará las fuentes de agua que alimentan a Cuenca”, como afirmó el 25 de octubre del presente año el presidente Correa, cuando llegó a dicha zona protegido por cientos de soldados y policías.

Es obvio que en estas zonas de formación de fuentes de agua, como en Quimsacocha, los impactos sobre el líquido vital son en extremo nocivos. Eso explica porque, con sobrados argumentos el Concejo Cantonal de Cuenca rechazó, el 22 de septiembre del 2011, los proyectos mineros de Quimsacocha y Rio Blanco; proyectos en los que, además, no se ha dado la consulta previa.

Por supuesto, las empresas mineras y los gobiernos cómplices de sus intereses, aupados por la gran prensa que lucra de la publicidad de la minería, siempre dirán que el agua contaminada se puede tratar, que el “agua terminará más limpia” después de haber servido a la extracción de los metales, y que los otros problemas ambientales también podrán ser manejados con las nuevas tecnologías.


En su prepotencia (y en algunos casos ignorancia) nunca reconocerán que es imposible controlar totalmente el impacto y el camino que tomarán los desechos mineros. Tampoco aceptarán que los efectos de la contaminación provocada por metales pesados y el drenaje ácido de roca perduran durante siglos, y a veces, milenios, ¿qué empresa puede garantizar el tratamiento del agua durante siglos?

Las empresas basan sus afirmaciones sobre la premisa que la técnica moderna y la ciencia actual son capaces de diagnosticar, prever y controlar todos los impactos que la minería a gran escala puede provocar. La creencia ciega en la capacidad de la ciencia y la tecnología están muy arraigadas en el imaginario occidental moderno. A esta creencia ingenua, basta oponer la realidad y historia recientes de la megaminería en el mundo, que demuestran hasta la saciedad cuáles son sus enormes y nocivos impactos sobre la Naturaleza y la vida de los seres humanos.

Las alegres cuentas de la megaminería
 
En Ecuador, en síntesis, los grandes proyectos mineros amenazan con contaminar regiones de alta biodiversidad, de las más densas en biodiversidad del planeta, y fuentes de agua para el Ecuador y los países vecinos. En efecto, el agua transporta muy bien los contaminantes y los impactos se esparcirían hacia otras zonas. Y todo esto sin considerar los graves impactos sociales que conlleva esta mega actividad extractivista.

Es preciso recordar que normalmente las empresas transnacionales y los gobiernos cómplices destacan exclusivamente los “enormes” montos de reservas mineras existentes, transformados a valores monetarios. La Cámara de Minería del Ecuador habla de más de 115 mil millones de dólares en los proyectos estratégicos. Con estas cifras, en general altamente exageradas, se quiere sensibilizar a la opinión pública a favor de la minería.

No importa que no sea real el potencial minero existente. Eso lo dice Pablo Duque, jefe del departamento de geología, de la Escuela Politécnica Nacional, uno de los mayores conocedores de la realidad minería del país. Duque es categórico: “Se parte de una premisa falsa de que el Ecuador tiene un gran potencial minero”. Y por esa misma razón, este geólogo recomienda la pequeña minería en lugar de la megaminería.

Dejemos por el momento este debate para los geólogos. Hablemos de las supuestas ventajas en términos económicos que justificarían tanta destrucción. En efecto, una vez extraídos los metales del subsuelo, habría que preguntarse cuánto realmente le quedará al Estado. En cuanto a las regalías y los impuestos, aun si el gobierno tiene toda la voluntad de recaudarlos, las grandes empresas mineras son campeonas en eludir o evadir el pago de tributos, a través de los llamados paraísos fiscales. Es sin duda con este objetivo que varias empresas transnacionales presentes en el Ecuador usan subsidiarias registradas en paraísos fiscales notorios como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes. Es precisamente el caso de la empresa canadiense Iamgold, propietaria del proyecto Quimsacocha. La empresa matriz de Toronto es propietaria de Iamgold Ecuador S.A a través de una subsidiaria intermediaria, la Iamgold South American Corporation, una empresa registrada en otro paraíso fiscal: los Barbados.

Además, las minas ecuatorianas producirán el metal en forma gruesa, es decir con impurezas. Por ejemplo, el concentrado de cobre producido en Mirador tendrá aproximadamente 30% de cobre, 60% de otros minerales y 10% de agua. Debido a que el Ecuador no tiene refinerías de metales, el proceso de refinamiento se hará en el exterior, en donde quedará la mayor parte de las ganancias.

A lo anterior habría que incorporar los llamados costos ocultos -ambientales y sociales-, por ejemplo el valor económico de la contaminación. Existen estudios de los Estados Unidos y Canadá, que estiman que la remediación de los desechos mineros de minas abandonadas costaría entre 5 y 67 dólares la tonelada de material removido. Hagamos el cálculo para el proyecto Mirador, de la empresa ECSA, en la Cordillera del Cóndor: se prevé procesar al menos 326 millones de toneladas de material, lo que significaría un costo de remediación de entre 1.630 millones y 21.840 millones de dólares. Cabe recordar que los ingresos que obtendría el Estado por concepto de regalías en Mirador se calcula en aproximadamente 700 millones de dólares, una cantidad mucho menor al costo de remediación. De esto se desprende por qué las empresas no quieren hacerse cargo de esta etapa de remediación.

Estos son contabilidades económicas que normalmente no aparecen en los proyectos y que las empresas transfieren invariablemente a la sociedad; recuérdese la devastación petrolera en el nororiente de la Amazonía, provocada por la compañía Chevron-Texaco.

También deberían entrar en la lista de costos los denominados “subsidios perversos”, que se expresan a través de la entrega de energía a precios menores, agua sin costo o con costo reducido, e inclusive infraestructura de transporte.
 
¿Se han presentado estas evaluaciones?  No. Probablemente porque el asumir estos costos disminuiría notablemente la rentabilidad de las empresas y se pondría en evidencia los magros beneficios para el Estado.

¿Megaminería o Buen Vivir? ¡Esa es la cuestión!

En Ecuador, como sucede en muchos países del mundo, la minería industrial dejará ríos muertos, cordilleras deforestadas, comunidades en conflicto, enfermedades, violaciones de Derechos Humanos y de Derechos de la Naturaleza, ejércitos de desempleados, así como campesinos e indígenas sin tierras.

Además, la megaminería fortalecerá las raíces violentas y autoritarias del extractivismo. Es decir, la explotación de este tipo de bienes naturales genera graves tensiones sociales en las regiones en donde se realiza. Los impactos económicos y sociales provocan la división de las comunidades, las peleas entre ellas y dentro de las familias, la violencia intrafamiliar, la violación de derechos comunitarios y humanos, los incrementos de la delincuencia e inseguridad, el tráfico de tierras, etc. Adicionalmente, las grandes tensiones sociales en las regiones crecen a través de otras formas perversas de dominación que se producen cuando, por ejemplo, se conforman empresas extractivistas en las que participan grupos indígenas para explotar estos recursos naturales no renovables en zonas conflictivas. Este tipo de situaciones aumenta la confusión de los pueblos y genera más rupturas internas.

La violencia aflora incluso cuando los gobiernos, incluso aquellos autoproclamados y equivocadamente considerados como progresistas, como en el caso de Ecuador, criminalizan la protesta popular que emerge en contra de las actividades extractivistas, con el único fin de garantizarlas… para poder reducir la pobreza, como justifica el mensaje oficial. Objetivo que, por lo demás, no se consigue forzando el extractivismo. Con sus declaraciones, de que “no podemos caer en la irresponsabilidad de ser mendigos sentados en un saco de oro”, el presidente Correa demostró que mantiene la ilusión del extractivismo, impuesto desde la colonia y plasmado figurativamente en los mismos términos hace dos siglos, poco antes del inicio de la República, por el célebre científico alemán Alexander von Humboldt.4

En suma, como contracara de las violencias múltiples, la lista de represiones atadas al extractivismo es larga. Este podría ser uno de los telones de fondo de la historia de nuestros pueblos, que se inició hace ya más de quinientos años, cuando se inauguró esta modalidad de acumulación extractivista que nos condenó a la pobreza.

La minería a gran escala, que no quepa la menor duda, no contribuye a la construcción del Buen Vivir.-


1 Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Ministro de Energía y Minas. Presidente de la Asamblea Constituyente.
2 William Sacher: PhD en ciencias atmosféricas y oceánicas. Investigador del colectivo de autores académicos Recursos de África, Montreal, Canadá.
3 Desarrollo sustentable es, entonces, aquel proceso que permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Para la construcción del Buen Vivir hay que ir incluso mucho más allá del desarrollo sustentable, hay que asumir a la Naturaleza como sujeto de derechos, tal como dispone la Constitución de Montecristi.
4 Cuando Alejandro von Humboldt llegó a lo que hoy es Ecuador, en su histórico recorrido por tierras americanas, hace más de doscientos años, se quedó maravillado por la geografía, la flora y la fauna de la región. Cuentan que veía a sus habitantes como si fueran mendigos sentados sobre un saco de oro, refiriéndose a sus inconmensurables riquezas naturales no aprovechadas. Desde entonces, apegados a esta visión, tal como ya lo hicieron los españoles cuando conquistaron estas tierras, una y otra vez los gobiernos del Ecuador han pretendido extraer los tesoros existentes en dicho saco…

viernes, 11 de noviembre de 2011

MARCO GUATEMAL PRESIDENTE DE LA FICI FUE LIBERADO: EL PODER DE LO COMUNITARIO

La multitudinaria caminata avanzaba desde los cuatro puntos cardinales a la ciudad de Ibarra (Imbabura), delegaciones de los Pueblos y Nacionalidades, y más sectores de todo el Ecuador, se dieron cita en las calles de Ibarra, donde se instaló a las 9h00 la audiencia pública para juzgar la acusación del Fiscal de Ibarra por una denuncia realizada por el ex gobernador de Imbabura, quien además fue convocado por la parte acusadora como testigo, pero durante el interrogatorio no pudo afirmar haber visto a Marco Guatemal obstaculizando las vías.


 Mientras miles de delegados/as de las comunidades, pueblos y nacionalidades, movimientos sociales caminaban incansables por las calles de Ibarra y paraban frente a la Gobernación de Imbabura, edificio en la que se desarrollaba la audiencia pública. La Presidenta de la Corte interrumpía la audiencia hasta que los marchistas pasen por el lugar. Estos de forma contundente exclamaban: “Libertad, libertad, libertad a Marco Guatemal”, “Viva el Movimiento Indígenas”, Viva la CONAIE”, Viva la ECUARUNARI, Viva la Chijalta-FICI, “El Agua no se vende el agua se defiende”.
 

La defensa de Marco Guatemal, presidente de la FICI, demostró con toda solvencia que la Corte estaba interfiriendo las competencias de la Jurisdicción Indígena, Raúl Ilaquiche señaló el grave precedente que deja la jurisdicción ordinaria al procesar a una autoridad de la Jurisdicción Indígena, violentando todo precepto constitucional y de los tratados internacionales, respecto a los derechos de los Pueblos Indígenas, por su parte el abogado defensor Carlos Pobeda, demostró una y otra vez que la parte acusadora no ha contribuido con ninguna prueba física de la acusación.
Después de aproximadamente seis horas de audiencia pública, llegó la hora del veredicto, la multitudinaria marcha no cesaba de demandar libertad para Marco Guatemal, hasta que llegó el veredicto “Marco Guatemal es Inocente”. Al mismo tiempo retumbo el grito del pueblo movilizado “Libertad”, fue el grito unánime.

Los defensores del agua y la Pachamama, ratificaron nuevamente su inocencia y su opción por la vida, seguirán defendiendo los derechos de los pueblos y de la Pachamama, en las calles, en las plazas, en las montañas, los valles y las chacras, hasta que los más de doscientos lideres acusados por terrorismo y sabotaje sean absueltos, y la tierra y el agua sean devueltos y redistribuidas.


Comunicación Asambleísta G. Yantalema
FOTOS: A.S-



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viernes, 28 de octubre de 2011

AMENAZAN DESALOJAR VIGILIA PERMANENTE POR LA LIBERTAD DE MARCO GUATEMAL.

Yo estuve con Marco en la gobernación cuando le llevaron los policías, no le dijeron nada, ni había un papel con una orden dedetención, lo llevaron sorpresivamente, sin decir nada…!
Rosa Carlosama, Presidenta del Pueblo Karanki.

A partir de la detención ilegal del máximo dirigente Marco Guatemal de la FICI, las organizaciones filiales y amigas semantienen en movilizaciones y asambleas permanentes.
El día de hoy, en horas de la tarde, frente a la gobernación se instalóla “Carpa de la Democracia” desde donde las organizaciones mantendrán una vigilia permanente exigiendo la inmediata libertad del compañero detenido. Sin embargo,“esta expresión democrática ya fue amenazada de ser desalojada en las primeras horas de la mañana” manifestó, Patricia Vinueza, Vicepresidenta del Pueblo Otavalo.

“Rechazamos la actitud traicionera, persecutoria de la gobernadora en contra de los dirigentes indígenas y populares, negando la posibilidad de libertad de expresión de los ecuatorianos/as… cuando era candidata acudió al pueblo indígena,pero hoy fue ella misma quien planificó la captura del compañero… no mas presospolíticos porque no somos terroristas…!” Fausto Giraldo.

Así mismo, Desde la zona de Intag, se han pronunciado “en solidaridad con la FICI y un rotundo rechazo a las actitudes dictatoriales de la gobernadora con la militarización de Intag. No mantendremos ningún tipo de diálogo mientras no se libere al compañero Marco Guatemal” fue anunciado desde las organizacionesde la zona, ante la posible visita de la gobernadora programada para el día de hoy en García Moreno.

Se calcula que solamente en esta semanaen el ecuador se tiene dos presos políticos,uno en Quinsacocha, de la Provincia de Azuay, y otro en la Provincia de Imbabura; esto, sin considerar lo ocurrido hace pocos días en Chone, y los más de 200 dirigentes perseguidos como terroristas.

“El compañero presidente,Marco Guatemal, ha estado siempre trabajando por el desarrollo de los pueblos. La detención del compañero no es legal porque no se respeto el debido proceso. Han violado los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Rechazamos la actitud persecutoria del gobierno nacional que nos ve como enemigosa quienes estamos en contra del régimen. El gobierno viene persiguiendo, acabando con todo tipo de organización. Esto no se debe permitir, compañeros Nosotroslucharemossiempre por los derechos, porque nuestros pueblos sean beneficiados ynuestras necesidades atendidas. En esta medida no dejaremos solo al compañero.La cárcel no nos hará tener miedo, eso nos hace más fuertes. La asamblea de cabildos en la comunidad de Caluquí, decidirá las medidas de hecho… Nuestralucha es por el alto costo de la vida, la lucha es porqueexigimos que se cumplan nuestros derechos”.Aida Marcillo, Vicepresidenta de la FICI,

Todas las personas, organizaciones, estudiantes, hombres y mujeres pueden manifestar su solidaridad, apoyo y rechazo de estas actitudes enviando cartas ovisitando al hermano detenido injustamente en la Cárcel Mayor de Ibarra.
Dirección en facebook de la Señora Gobernadora: http://facebook.com/GabyRivadeneiraB
Telefax de la Gobernación: (593) 062 050 815
Numero Celular del Jefe Político de Ibarra: Pablo Moreno086501959

COMUNICACIÓN FICI
062920976 / 089959325
pacha@riseup.net

jueves, 27 de octubre de 2011

LLUVIA DE OCTUBRE EN ECUADOR:

Apresamientos, detenciones, desalojos y militarización se agravan


por Cecilia Chérrez

 
El presidente de la organización indígena FICI, Marco Guatemal, fue apresado a las 11h00 de este 25 de octubre en la ciudad de Ibarra bajo la acusación de obstruir vías públicas durante las movilizaciones en oposición al proyecto oficial de ley de aguas, en mayo de 2010. El presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Azuay, FOA, Leonardo López, fue detenido el mismo día pasadas las 12h00 en la parroquia San Gerardo (Azuay), acusado de lanzar una piedra a uno de los autos de la caravana donde iba el presidente Correa resguardado por 450 militares y 300 policías luego de visitar el páramo de Kimsacocha, donde la minera canadiense Iamgold tiene una concesión que es rechazada por los sistemas comunitarios de agua. Campesinos montubios de Río Grande (Chone) fueron desalojados en forma violenta el pasado martes 18 mediante un operativo de más de 400 agentes de élite de la policía para dar paso a las maquinarias de la empresa china Tiesiju que quiere construir una represa cuya eficacia para el control de inundaciones ha sido descalificada por técnicos independientes; de todas maneras Río Grande es, desde el 17 de octubre, una “zona reservada de seguridad” en base al decreto ejecutivo 914. El viernes 14 de octubre un grupo de 9 militares del Batallón Yaguachi fue interceptado por campesinos de Intag (Cotacachi, Imbabura) en el antiguo camino al campamento minero que abrió la empresa japonesa Bishi Metals en la comunidad de Junín; el oficial a cargo no quiso identificarse pero en medio de contradicciones admitió que se encontraban tomando información georeferencial para enviarla vía electrónica al Instituto Geográfico Militar.

 
Estos acontecimientos no son una coincidencia, constituyen una señal de la forma como avanza el modelo que impulsa el gobierno de la llamada revolución ciudadana. Mientras favorece a las empresas, despoja a las comunidades de sus territorios violando derechos fundamentales, criminalizando y reprimiendo a líderes, dirigentes, comunidades y organizaciones que protestan y rechazan las actividades extractivas, represas, hidroeléctricas.

 
No queda duda del poder que tienen las empresas que quieren explotar el oro, la plata o el cobre; o las empresas interesadas en construir infraestructura para el control del agua y el secuestro de los ríos. No queda duda de lo que se está dispuesto a “facilitar” para que los proyectos ofrecidos a estas empresas sean viables.

 
La criminalización a los movimientos sociales, al ecologismo popular que pone su vida y su integridad por delante para defender la tierra, el agua, los cultivos, ha sido constante en las últimas semanas. Sin embargo, no marca el inicio de la política de intimidación social sino su profundización.

 
Luego del 2008, año en que la Asamblea Constituyente otorgó amnistías a cientos de hombres y mujeres defensoras de la naturaleza que habían sido “reprimidos y luego enjuiciados por delitos políticos y comunes conexos con los políticos, en algunos casos por compañías nacionales y extranjeras, en otros por intermediarios e inclusive por funcionarios públicos” (tercer Considerando, Resolución de 14 de marzo de 2008), los casos de criminalización de la protesta social han resurgido con crudeza.

 
El hostigamiento, la descalificación, los juicios penales, las detenciones y apresamientos contra los líderes sociales son distintos rostros de una misma estrategia que apunta a desmovilizar, silenciar, provocar autocensura, para que una vez logrado el control social quede allanado el camino para una inmisericorde explotación de la Pachamama, el despojo a las comunidades de sus fuentes de vida, y profundizar la acumulación capitalista.

 
La historia de nuestro país se ha escrito con incesantes luchas de sus movimientos sociales, que han ejercido el derecho la resistencia, hoy establecido en la Constitución, para precautelar que los hilos que tejen la vida, la cultura, la comunidad no se pierdan a pesar de todo. Sólo un siniestro remedo de sumak kawsay puede pretender incluir la criminalización de quienes cuidan y defienden los derechos humanos y la naturaleza como parte de la construcción de una nueva sociedad.

martes, 25 de octubre de 2011

Río Grande en el uso del derecho a la resistencia

 
 
Las comunidades de Río Grande oficialmente no fueron informadas acerca del Proyecto Múltiple de Chone, la SENAGUA se negó a proporcionarles la información y menos en cumplimiento de la Constitución a consultarles, por lo cual los pobladores debieron acudir a una acción de acceso a la información pública para obtener parte de la información y así enterarse que la obra se ejecutará en sus propiedades, por lo cual iniciaron acciones de resistencia frente a un proyecto que nos les fue consultado y atenta contra sus derechos garantizados en la Constitución. Después de varias acciones legales inconclusas y amenazas durante las sabatinas presidenciales de militarizar la zona, en la madrugada del pasado 18 de octubre, la fuerza élite de la Policía Nacional ingresó al predio “clave” para el inicio de la obra, el terreno del Sr. Alfredo Zambrano, donde también se encontraban en permanente vigilancia los pobladores del sector en franca solidaridad a su compañero y en resistencia pacífica, fueron desalojados violentamente.


Desde esa mañana se recibieron noticias acerca de personas heridas y con señales de asfixia, no existe registro audiovisual de la violencia porque los miembros de la Policía se encargaron de requisar cámaras de fotos y videograbadoras, desde entonces tampoco ha sido encontrado el niño Ronny Loor Manzaba, de seis años de edad.


Durante esa misma semana se dieron dos desalojos más, el 19 de octubre la gente que hacía vigilia a algunos metros del anterior campamento al ver la llegada de la policía, ante el temor de ser agredidos como ocurrió días atrás salieron del lugar y el 21 de octubre, cuando habían retomado el campamento, la Policía arremetió contra la población, esta vez además de gases lacrimógenos y toletazos, dispararon balas de goma, siendo herido en el pecho de Eduardo Cedeño y provocaron una lesión en la cabeza a Javier Manzaba; así mismo invadieron las propiedades de Ítalo Zambrano y Colón Muñoz, lanzando bombas de gas e intentaron detener a sus propietarios. De esta incursión existen heridos y varias personas con señales de asfixia y al momento la zona se encuentra bajo control militar.


En esta ocasión también llevaron detenidos a seis personas, una de ellas, la Sra. Quinche Loor ese mismo día fue rescatada del UCV de Chone, pero los otros cinco fueron llevados hasta los calabozos de la Policía Judicial de Bahía de Caráquez, según afirma Carlos Espinoza, quien ahora se encuentra en el área de cirugía del Hospital “Miguel H. Alcívar” con trauma abdominal cerrado y trauma pancreático1, durante el trayecto fue vejado, humillado y torturado junto a los otros cuatro detenidos, que responden a los nombres de: Luis Alberto Arteaga Castro, Fausto Lenin Bravo Alcívar, Líder Antonio Manzaba Cuzme y Jean Carlos Moreira Zambrano. En su contra se ha dictado prisión preventiva bajo los cargos de Rebelión e Intento de Asesinato. Además bajo el riesgo de que continúen los malos tratos, permanecen en la Policía Judicial, en lugar de enviarlos al Centro de Rehabilitación Social de Bahía de Caráquez, como se ordena en la boleta judicial.


Por su parte el Abogado Pablo Cornejo ha puesto la denuncia ante la Fiscalía por las torturas de las que presuntamente fueron objeto los detenidos y se espera que se inicie a la brevedad posible los peritajes correspondientes, sin embargo, Cornejo afirma que los fiscales parecen temer iniciar las investigaciones por represalias desde el gobierno central.


La publicidad del PPM Chone continúa inundando radios y prensa, sin embargo el Gobierno no dice a la ciudadanía que el proyecto tiene diez componentes. Con el actual desplazamiento de personas, se inició la construcción del Desaguadero de San Antonio, con un plazo de construcción de tres años en que se invertirán 51 millones de dólares. En la página web de la Senagua, que patrocina el proyecto, no consta el plan cuatrianual para la ejecución de los demás componentes que requerirán un gasto de 300 millones y muchos años más para su conclusión y que conforme avance la obra se seguirán declarando de utilidad pública más predios y por ende habrá más desplazamientos forzados. Hasta entonces Chone seguirá inundándose, seguirá careciendo de agua potable, y de canales de riego y lo más grave, no se dice que hay estudios que dicen que dicho proyecto tampoco terminará con las inundaciones de Chone.


La actual posición del gobierno denigra y agrede la dignidad de los y las montubias, ya que niega rotundamente los hechos, los heridos, el desaparecido y la criminalización de cinco personas que en ejercicio del derecho constitucional a la resistencia se oponen a dicho proyecto. Ahora que han sido atacados en su propio territorio, respaldados por un decreto ejecutivo, resultan ser agresores y deben cargar con un proceso penal.


Este tipo de acciones entran en franca contradicción con las normas constitucionales y el sumak kawsay que este gobierno ha dicho incluir como política, más evidente ha resultado la política extractivista a costa de la riqueza natural del Ecuador y en base a la criminalización de aquellos que defienden sus derechos y los derechos de la naturaleza.


Desde la Cedhu rechazamos rotundamente la actitud del gobierno frente a la situación en Chone, ya que emula a anteriores regímenes donde la negación y el silencio fueron el pilar principal de flagrantes violaciones de derechos humanos y rechaza los procedimientos judiciales criminalizando la protesta social que tienen como finalidad perseguir a quienes hacen uso de un derecho constitucional.


 
Atentamente,

Hna. Elsie Monge
Directora Ejecutiva
CEDHU


1Informe médico de ingreso al Hospital Miguel H. Alcívar, de Carlos Alberto Espinoza Loor, el 22 de octubre de 2011.


viernes, 21 de octubre de 2011

PRENSA OFICIAL CONFIRMA QUE LO SUCEDIDO EN RÍO GRANDE FUE UN DESALOJO


En la edición del jueves 20 de octubre de 2011, Diario El Telégrafo, uno de los medios oficiales de este gobierno publicó en primera página noticia sobre Río Grande. La misma se titula: 


Lo ilegal cae por su propio peso” ha dicho el Ab. Pablo Cornejo, defensor de los montubios de Río Grande. “Todo lo que ha hecho el gobierno en el marco del Proyecto de Propósito Múltiple Chone es ilegal, partiendo desde no consultar a las comunidades que serán afectadas como manda la Constitución en su artículo 398, así como lo dispuesto en la Ley de Gestión Ambiental en los artículos 28 y 29. Lo más horrendo de todo es que no se cumplió con lo establecido en el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. Este Reglamento fue publicado en el Registro Oficial No. 332 del jueves 8 de mayo de 2008, suscrito por el propio Presidente Rafael Correa Delgado.

El Comité Central de Comunidades Campesinas de Río Grande, a través de sus voceros, ha rechazado las acciones llevadas a cabo por la policía, las mismas que se responsabilizó el Presidente Correa. “El Primer Mandatario nos ha mandado a aplastar a nuestra gente que simplemente defiende sus tierras. Nunca nos tomaron en cuenta en los estudios, no hablaron con nosotros, jamás socializaron que aquí se iba a construir una represa” indicó Herbin Muñoz, presidente del comité. “El ministro Punina ha dicho que realizaron 37 reuniones pero entre ellos porque nunca nos invitaron y no han tomado en cuenta las propuestas que hemos hecho”. Al preguntar por los estudios del PPMCH dijo “que esos estudios están mal y dicen una realidad que no existe. Nosotros trajimos a un ingeniero civil extranjero experto en geología quien nos indicó que aquí no se puede construir una represa porque no hay rocas que soporten tanto peso del muro y del agua así como también que la montaña se vendrá abajo porque su conformación es de tierra revuelta con piedras”

Cornejo manifestó además que la SENAGUA ha actuado precipitadamente porque tampoco respetó que RG tiene presentada una acción de protección y hasta que no se resuelva el estado no podía actuar en esta zona. “Denunciamos a la fiscalía también el robo de 1267 fojas de documentos que eran pruebas que presentamos junto a la acción de protección en el juzgado III de Tránsito de Pichincha, asunto que se está investigando” Según este experto legal SENAGUA no respetó el plazo de 90 días que establece el art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública a fin de que el expropiado pueda negociar el precio del bien. “Alfredo Zambrano Vera fue notificado por el ministro Punina el 16 de agosto en una audiencia que se realizó en el juzgado II de Tránsito en Chone. Desde esa fecha corre plazo para negociar hasta el 17 de noviembre de este año. Recién en ese momento podría la SENAGUA iniciar el juicio de expropiación pero irrespetando plazos legales y el debido proceso, la jueza 11 de lo Civil de Chone le expropió a don Alfredo el 12 de septiembre”

Para este juicio se utilizó una ficha catastral que no fue elaborada por el municipio como manda la ley. “Tenemos en documento certificado por la fiscalía de Chone la declaración de funcionarios municipales que manifiestan que en el municipio local no se hizo esa ficha ni el avalúo catastral o su respectivo inventario, y también declaró Benhur Rodríguez, sub secretario de la SENAGUA en Manabí que ellos tampoco hicieron esa ficha. Esto nulita el juicio de expropiación que se le hizo al líder campesino Alfredo Zambrano” agregó el especialista.

Debemos indicar que los montubios de RG han presentado otras denuncias al sistema legal por heridas a uno de los campesinos, por una escritura de posesión indivisa de dominio realizada por los hijos de Alfredo Zambrano, con documentos como la partida de defunción de la señora Mariana Loor, esposa de don Alfredo fallecida en 1994. “No se la hizo –la escritura- con la partida de matrimonio porque allí se encuentra marginada la liquidación de la sociedad conyugal que fue hecha en 1986 y además el certificado del registro de la propiedad fechado en junio 23 de 2011 no incluye el gravamen de declaratoria de utilidad pública hecho al predio de Zambrano. Hemos llamado a declarar al notario primero del cantón Tosagua y al Registrador de la propiedad de Chone, Dr. José Chica García sobre estas ilegalidades” dijo Cornejo. Debemos recordar que Zambrano adquirió el predio en El Jobo de RG en 1992.


ANÁLISIS DE LA NOTICIA DE EL TELÉGRAFO


 Quien ha dicho esto no conoce la realidad de Chone que tiene 130.350 habitantes en un territorio de 3.520 Km2, con siete parroquias rurales y dos urbanas. La provisión de agua potable es escasa porque la planta de agua potable está obsoleta ya que pasó su vida útil, así que la represa RG NO dotará de agua para consumo humano, industrial o riego porque no se ha contratado la construcción de una nueva planta de agua que en el futuro se la abastecería de acuíferos que hay en el subsuelo del valle de Chone o traerla desde el proyecto Chone Carrizal que está muy cerca. En cuanto al riego solo serán beneficiadas 1.591 hectáreas según el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del PPMCH (EIA-PMA), p. 110. Domingo Paredes (ex ministro del agua) reconoció que en este caso el riego es muy marginal.

Las inundaciones no se terminarán con la represa RG dijo el 16 de agosto Cristóbal Punina, ministro del Agua. Represas como La Esperanza y Poza Honda provocan inundaciones casi todos los años y sus aguas embalsadas contienen ciano bacterias que producen ciano tóxinas que provocan cáncer. (EIA-PMA), p. 156.

Se dice que desde hace 40 años se ha pedido este proyecto pero no se dice que NUNCA se debatió ni consultó a las comunidades que serían afectadas. Violaron la Constitución.

El desalojo no fue realizado en estricto apego a la ley como se informa porque ya hemos visto las ilegalidades cometidas. Violaron la Constitución y otras leyes.
Punina miente cuando dice que se agotó el debido proceso de expropiación. Como hemos visto, el debido proceso NO se respetó en el caso de RG.

No es un pequeño grupo el que se opone a la represa. En RG viven más de 1.400 familias, ocho mil personas en 34 comunidades. Es falso que los campesinos nos hayamos tomado el predio de Zambrano. Allí teníamos nuestro campamento de resistencia que se garantiza en la Constitución, art. 98. Nosotros no difundimos noticias falsas lo que si hace SENAGUA.

Con la construcción del desagüe San Antonio que ya se ha iniciado se afectará al humedal La Segua por las siguientes razones: a. esta obra captará las aguas servidas que se vierten desde la laguna de oxidación; b. durante la estación de lluvias el nivel de las aguas con sedimentos sólidos en suspensión producto de la erosión hídrica de los suelos es elevado por lo tanto estos sedimentos irán a parar al humedal que en poco tiempo se sedimentará perdiendo su capacidad de almacenaje de agua; y, c. con la pérdida de capacidad receptora de agua en el humedal este sitio dejará de albergar aves acuáticas y las otras especies se extinguirán. En el folio 925 (EIA y PMA, p. 276), párrafo seis se dice se hace constar al Humedal La Segua como un ecosistema que debe ser protegido de cualquier acción que se desarrolle directa o indirectamente en sus alrededores, argumento suficiente para detener la obra del desagüe San Antonio.

En su reportaje parcializado NO HAY LOS CRITERIOS Y COMENTARIOS DE LA GENTE DE RÍO GRANDE O DE SUS VOCEROS.


COMITÉ CENTRAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE RÍO GRANDE
CHONE – MANABÍ – ECUADOR
 

jueves, 20 de octubre de 2011

YA NO CAMBIAMOS VIDA POR ANACRÓNICAS PROMESAS DE DESARROLLO

Por: Natalia Sierra
 
Los pueblos de América latina y específicamente los de Ecuador y Bolivia comparten la misma lucha y enfrentan a un enemigo común: la trampa de los llamados gobiernos progresistas.  Gobiernos que han lanzado una agresiva política contra los campesinos e indígenas que no quieren  aceptar su anacrónica promesa de desarrollo y modernización. Su discurso cada vez confunde menos, la sabiduría popular de los de abajo ya no acepta baratijas a cambio de sus territorios, de su vida y su dignidad. Para los pueblos libres ya pasó aquella vergonzante época en la que los conquistadores embaucaron a nuestros ancestros con espejos y fruslerías doradas.

Cuando las tramposas estrategias del colonizador ya no convence, cuando los pueblos agredidos ya no creen que la agresión colonizadora los va a beneficiar, es decir, cuando el poder del colonizador ya no puede destruir la dignidad humana, recurre como siempre a la violencia irracional. No otra cosa sucede en el TIPNNIS en Bolivia, y no otra cosa sucede en Río Grande Chone-Ecuador. Los gobiernos “progresistas” utilizan los aparatos represivos del Estado para reprimir de forma violenta la justa lucha de los pobladores por impedir que se lleven adelante los mega-proyectos capitalistas (carreteras, hidroeléctricas), cuyo objetivo es asegurar la reproducción del capital en la región.

Sabemos que estos proyectos, que de manera cínica se nos quieren imponer a nombre del progreso y del desarrollo, son parte del IIRSA[i], y de todo el plan mercantil capitalista para la región sur. Sabemos también el daño que el progreso capitalista ha generado en nuestros territorios y en nuestra vida; ya no nos confunden con pírricos tecnicismos y mucho, mucho menos, con viejos y gastados discursos nacionalistas y desarrollistas, tan usados por las burguesías locales y regionales.

Ya no creemos en la retórica del “interés nacional”, con la cual buscan justificar la implementación de proyectos destructivos del medio ambiente y la vida cultural que en él se despliega. Ya no creemos en el interés nacional cuando conquistamos, al menos en la definición constitucional, el carácter Plurinacional del Estado.

Estos gobiernos, como sabiamente apunta la boliviana Silvia Rivera[ii], reeditan el pensamiento Colonial que estigmatiza a los indígenas y a los campesinos de “salvajes”, los salvajes que no quieren el desarrollo y el progreso. Lo que pasa, dice, es que no conocen al indígena y su profunda dignidad. Nos acusan de salvajes por no creer en su desarrollismo de carreteras, hidroeléctricas, plantaciones de bio-combustibles, etc., desarrollismo que comparten con la vieja y la ultra derecha latinoamericana.

De hecho, los salvajes parecen ser ellos, que no entienden que el desarrollo capitalista es una fuerza extremadamente destructiva para la naturaleza y la vida humana. Salvajes y manipuladores que usas la política del chantaje con la población. Primero establecen un programa vergonzoso de bonos de miseria y luego amenazan a con retirar esta insolente política de la caridad, si la población no acepta la construcción de la infraestructura, que la extracción de los bienes naturales  y la circulación de mercancías exige. Política basada en el chantaje y en las prebendas que se dan a ciertas poblaciones o dirigentes que se dejan envolver o comprar.

Cuando toda esta estrategia no funciona y las poblaciones se resisten al desarrollo capitalista, entonces siempre se puede usar la represión violenta, siempre se puede disponer de los aparatos represivos del Estado. Sin ningún pudor mandan a la Policía o al Ejército a reprimir a los comuneros de Río Grande, en el caso de Ecuador, para dejar el camino despejado para la construcción de la represa hidroeléctrica, proyecto que inundaría unas 6 mil hectáreas de altísima calidad agrícola en la zona y provocará el desalojo de más de mil familias. De la misma manera, en Bolivia reprimen a los indígenas que se oponen a la construcción de la carretera que, de ser construida, destruirá el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El patrón de poder se repite: los pueblos y comunidades no son consultadas como mandan las Constituciones de los dos Estados Plurinacionales de Ecuador y Bolivia; no se respetan los acuerdos internacionales que protegen los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades que conforman estos países; hay abusos, tanto de los gobiernos como de las empresas transnacionales que están a cargo de la construcción, en complicidad con los primeros.

Las nefastas prácticas de los aparatos represivos del Estado se repiten: mujeres y niños arrastrados, amordazados, heridos, humillados, golpeados, perseguidos, encarcelados. Violencia que luego se la quiere justificar con absurdas acusaciones de conspiración, de supuesto boicot al “proyecto revolucionario”. Acusaciones inadmisibles que llegan a decir que los compañeros indígenas y comuneros que luchan por defender su territorio y su vida están financiados por la CIA. Creen que somos estúpidos, que no sabemos para quienes realmente están gobernando, como si no fuese claro su servilismo a los grandes negocios del capital.

Pero no se equivoquen, la profunda sabiduría de nuestros pueblos y su altísima dignidad se hace presente en medio de tanta mentira, de tanto engaño; se pone hecha cuerpo, marcha, grita, resiste; se abre rompiendo la manipulación mediática y discursiva del poder dominante. Seguiremos resistiendo pese a lo sofisticado y brutal del poder que los “gobiernos progresistas” están implementando en América latina.


[i] Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica

[ii] http://www.youtube.com/watch?v=yCqVJNnefcw&feature=share

martes, 11 de octubre de 2011

CONCESIONES MINERAS AFECTARÍAN LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO YANUNCAY

Compartimos un breve resumen del informe de la Contraloría General del Estado, UAIE 0036-2009, sobre la cuenca del Yanuncay: Examen especial a la “Gestión Ambiental de las Fuentes Hídricas de ETAPA de la cuenca del Yanuncay” por el período comprendido entre el 31 de octubre del 2007 y el 31 de octubre de 2008.


El informe establece entre otras cosas:

"Las concesiones mineras afectarían la calidad y cantidad del agua en la cuenca del Río Yanuncay"

El área de aporte de la cuenca a la captación Yanuncay, que abastece a la Planta de Tratamiento de Agua Potable SUSTAG de ETAPA que está localizada en la cota 2929 msnm es de 33.163 HAS.

"Lo descrito da cuenta que las concesiones mineras de la cuenca se encuentran localizadas en zonas de páramos y en la cabecera del río Yanuncay, el cual abastece a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Sustag que actualmente capta 464 litros/seg y para el año 2030 se prevé captará 650 litros/seg para abastecer una población de 100.877 habitantes de la zona sur oeste de la ciudad de cuenca e inclusive las cabeceras parroquiales y alrededores de Baños; San Joaquín, sectores urbanos de la ciudad de Cuenca e importantes zonas periurbanas  rurales como Mesicata, Huizhil, Guzho, Narancay, Vista Linda, Vía Medio Ejido-Sayausí-Barabón, Bio-corredor del Yanuncay, sin que exista en ETAPA la suficiente información y estudios sobre el real riesgo que  representa la actividad minera en la cuenca del río Yanuncay, puesto que el páramo al tratarse de una zona de gran sensibilidad y vulnerabilidad ambiental podría producir alteraciones hidrogeológicas importantes como producto de las actividades mineras."

"Consecuentemente existe un alto riesgo de que se provoque un daño ambiental irreversible que afectaría a la calidad y a la cantidad de agua que abastece a la población de la ciudad de Cuenca
"; lo cual contradice lo establecido en la Ordenanza que regula la Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable , Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca Art. 5 literal I, y la reforma al Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca que establece también en sus artículos 75 y 77 literal c la necesidad de protección estricta a las cuencas hidrográficas de los ríos Tomebamba y Yanuncay,  de la misma manera que la Constitución de la República.

El informe también menciona:

1.   Falta de participación y acuerdos con las comunidades locales para la protección de la cuenca. Mínima intervención social en la Cuenca media y alta del Yanuncay.

2.   Falta de cumplimiento parcial en las actividades planificadas.

3.   El 60, 4 % de la superficie de la cuenca del río Yanuncay esta concesionado a diferentes empresas mineras: ACACIA (2.525.71 HAS), IAMGOLD (5.852 HAS), SIERRAMIN S.A. (13.954 HAS), total: 24.954.46 HAS. Incluyen el proyecto minero QUIMSACOCHA con una concesión de 9.250 HAS, de las cuales 2.680 HAS se encuentran en trámite de reversión a ETAPA (no se ha realizado).

4.   Contaminación aguas arriba de las captaciones para la ciudad de Cuenca.  En los sectores Can Can y Soldados existen dos camales clandestinos que generan contaminación de aire, agua y suelo", contaminando el  Río Izhcarrumi. Impacto en las micro cuencas abastecedoras de agua con coliformes fecales y concentración DBO está en aumento.

5.   Falta de datos hidrológicos e hidráulicos para un mejor análisis de  la  situación hidrológica de la zona.

6.   Zonas protegidas:

Áreas de bosque y vegetación protectora ABVP-Yungilla con 4.041 HAS (10%)
Parque Nacional Cajas con 6.844 HAS (15%)

ABVP Yanuncay-Irquis con 24.803  HAS (60%)

7.   Dispone a ETAPA realizar los trámites ante el Ministerio de Energía y Minas necesarios para impedir la continuación de todo tipo de actividad antrópica que afecte a la Cuenca del río Yanuncay y que realice ETAPA estudios científicos de la real afectación que podría provocar este tipo de actividades.

8.   Preguntas, ¿habrá ETAPA cumplido estas últimas disposiciones?

¿No es suficiente esto para detener las actividades mineras en la zona y revertir las concesiones utilizando el principio de precaución como bien lo establece el informe?¿No le dan suficiente razón a la consulta comunitaria realizada en Victoria del Portete y Tarqui por rechazar la actividad minera? 


Ricardo Buitrón
                  Proyecto Andino de Agua ISP
 

lunes, 10 de octubre de 2011

Pueblo Shuar Arutam a la Opinión Pública Nacional e Internacional

A raíz de la amenaza de la crisis económica mundial que azotará a los países en desarrollo, los gobernantes de los países América Latina y el Caribe marcan una estrategia orientada a las actividades extractivas como el único modelo de desarrollo que probablemente paleará este percance y mantendrá a los países con recursos para el ejercicio de sus actividades regulares.

En el año 2008, por primera vez en la historia, el Ecuador es elogiado por el mundo entero, por incorporar en la carta magna los derechos de la naturaleza; por impulsar los derechos colectivos de nacionalidades y pueblos, reconociendo a Ecuador, un Estado Plurinacional e intercultural.

Sin embargo, la carta magna deja imprecisa las decisiones relacionadas a la consulta a los pueblos y nacionalidades para la explotación de recursos no renovables; es decir, una consulta previa e informada que se contempla en los convenios y pactos internacionales, no surte efecto alguno, porque de considerarse un proyecto estratégico de interés nacional, el gobierno central impone las decisiones vulnerando los derechos individuales y colectivos, declarando en silencio el etnocidio y genocidio de pueblos y nacionalidades.
 
Es posible que la política de un gobierno de revolución ciudadana, con modelo de desarrollo sustentable con equidad en este siglo XXI esté orientada hacia el exterminio de los pueblos y nacionalidades, luego de reconocimiento de su existencia y otorgando los derechos colectivos...?
 
Es inaceptable que los gobernantes hayan decidido ofertar las últimas reservas de sus riquezas a las transnacionales, es así como el Gobierno nacional, impone una invasión inconsulta con la décima ronda de licitación petrolera y minera que atenta gravemente nuestros espacios de vida, los derechos reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales que amparan y protegen los derechos de las nacionalidades indígenas.

El Pueblo Shuar Arutam, una organización social asentada en la cordillera del cóndor, con un territorio de 200 mil hectáreas, con 10 mil habitantes, con un sistema de autogobierno orientada a la autonomía basada en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales; mantiene una firme decisión de rechazo a las actividades extractivas por que atentan el ecosistema, la biodiversidad, la cultura y la vida consuetudinaria de los Shuar.

En este contexto, expresamos nuestro manifiesto público a nivel nacional e internacional, el RECHAZO ROTUNDO a las decisiones del Gobierno de Revolución Ciudadana y las empresas transnacionales como EXPLORCOBRES S A, ECUACORRIENTE S.A, CORIENTE RESOURSES, sus deseos de desarrollar proyectos mineros e hidroeléctricos en la cordillera del cóndor, territorio del PUEBLO SHUAR ARUTAM. Cualquier intento de incumplimiento de este manifiesto acareará controversias y graves enfrentamientos de los cuales será muy lamentable la solución pacífica, para el cual nos acogeremos al derecho a la resistencia contemplada en la Constitución Política.
 
En tal virtud, elevamos nuestro pronunciamiento al Gobierno Nacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Concejo de Derechos Humanos de la ONU, al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, y la Comisión permanente de asuntos indígenas, a fin de que tome cartas al asunto y se genere el ambiente más adecuado para el desarrollo de los países que aglutinan sus pueblos y nacionalidades como es el Ecuador.
 
Para el efecto, invitamos a todas las nacionalidades, organizaciones sociales, sindicatos, trabajadores, y ciudadanía en general de Morona Santiago, Región Amazónica, Ecuador y el mundo, hacer una gran minga de defensa de los derechos colectivos. Nos mantendremos alertas, en constante comunicación y en sesiones permanentes.

Sucúa, 5 de octubre del 2011.
 
 
Bosco Santiak
PRESIDENTE EJECUTIVO DEL PUEBLO SHUAR ARUTAM
 
Gonzalo Tibi                                         Efrén Chiriap
RELACIONADOR EXTERNO                  RELACIONADOR EXTERNO
 
   Carlos Unkuch                                       Aníbal Palomino
       PRESIDENTE ASOC. MAYAIK               PRESIDENTE ASOC SANTIAGO
 
Fidel Tseremp                                       Pedro Antún
PRESIDENTE ASOC NUNKUI                PRESIDENTE ASOC SINIP
 
  Samuel Shakai                                         Bosco Nankamai
         PRESIDENTE ASOC ARUTAM                PRESIDENTE ASOC TARIMIAT