Las comunidades de Río Grande
oficialmente no fueron informadas acerca del Proyecto Múltiple de
Chone, la SENAGUA se negó a proporcionarles la información y menos
en cumplimiento de la Constitución a consultarles, por lo cual los
pobladores debieron acudir a una acción de acceso a la información
pública para obtener parte de la información y así enterarse que
la obra se ejecutará en sus propiedades, por lo cual iniciaron
acciones de resistencia frente a un proyecto que nos les fue
consultado y atenta contra sus derechos garantizados en la
Constitución. Después de varias acciones legales inconclusas y
amenazas durante las sabatinas presidenciales de militarizar la zona,
en la madrugada del pasado 18 de octubre, la fuerza élite de la
Policía Nacional ingresó al predio “clave” para el inicio de la
obra, el terreno del Sr. Alfredo Zambrano, donde también se
encontraban en permanente vigilancia los pobladores del sector en
franca solidaridad a su compañero y en resistencia pacífica, fueron
desalojados violentamente.
Desde esa mañana se
recibieron
noticias acerca de personas heridas y con señales de asfixia, no
existe registro audiovisual de la violencia porque los miembros de la
Policía se encargaron de requisar cámaras de fotos y
videograbadoras, desde entonces tampoco ha sido encontrado el niño
Ronny Loor Manzaba, de seis años de edad.
Durante esa misma semana
se dieron dos
desalojos más, el 19 de octubre la gente que hacía vigilia a
algunos metros del anterior campamento al ver la llegada de la
policía, ante el temor de ser agredidos como ocurrió días atrás
salieron del lugar y el 21 de octubre, cuando habían retomado el
campamento, la Policía arremetió contra la población, esta vez
además de gases lacrimógenos y toletazos, dispararon balas de goma,
siendo herido en el pecho de Eduardo Cedeño y provocaron una lesión
en la cabeza a Javier Manzaba; así mismo invadieron las propiedades
de Ítalo Zambrano y Colón Muñoz, lanzando bombas de gas e
intentaron detener a sus propietarios. De esta incursión existen
heridos y varias personas con señales de asfixia y al momento la
zona se encuentra bajo control militar.
En esta ocasión también
llevaron
detenidos a seis personas, una de ellas, la Sra. Quinche Loor ese
mismo día fue rescatada del UCV de Chone, pero los otros cinco
fueron llevados hasta los calabozos de la Policía Judicial de Bahía
de Caráquez, según afirma Carlos Espinoza, quien ahora se encuentra
en el área de cirugía del Hospital “Miguel H. Alcívar” con
trauma abdominal cerrado y trauma pancreático1,
durante el trayecto fue vejado, humillado y torturado junto a los
otros cuatro detenidos, que responden a los nombres de: Luis Alberto
Arteaga Castro, Fausto Lenin Bravo Alcívar, Líder Antonio Manzaba
Cuzme y Jean Carlos Moreira Zambrano. En su contra se ha dictado
prisión preventiva bajo los cargos de Rebelión e Intento de
Asesinato. Además bajo el riesgo de que continúen los malos tratos,
permanecen en la Policía Judicial, en lugar de enviarlos al Centro
de Rehabilitación Social de Bahía de Caráquez, como se ordena en
la boleta judicial.
Por su parte el Abogado
Pablo Cornejo
ha puesto la denuncia ante la Fiscalía por las torturas de las que
presuntamente fueron objeto los detenidos y se espera que se inicie a
la brevedad posible los peritajes correspondientes, sin embargo,
Cornejo afirma que los fiscales parecen temer iniciar las
investigaciones por represalias desde el gobierno central.
La publicidad del PPM
Chone continúa
inundando radios y prensa, sin embargo el Gobierno no dice a la
ciudadanía que el proyecto tiene diez componentes. Con el actual
desplazamiento de personas, se inició la construcción del
Desaguadero de San Antonio, con un plazo de construcción de tres
años en que se invertirán 51 millones de dólares. En la página
web de la Senagua, que patrocina el proyecto, no consta el plan
cuatrianual para la ejecución de los demás componentes que
requerirán un gasto de 300 millones y muchos años más para su
conclusión y que conforme avance la obra se seguirán declarando de
utilidad pública más predios y por ende habrá más desplazamientos
forzados. Hasta entonces Chone seguirá inundándose, seguirá
careciendo de agua potable, y de canales de riego y lo más grave, no
se dice que hay estudios que dicen que dicho proyecto tampoco
terminará con las inundaciones de Chone.
La actual posición del
gobierno
denigra y agrede la dignidad de los y las montubias, ya que niega
rotundamente los hechos, los heridos, el desaparecido y la
criminalización de cinco personas que en ejercicio del derecho
constitucional a la resistencia se oponen a dicho proyecto. Ahora que
han sido atacados en su propio territorio, respaldados por un decreto
ejecutivo, resultan ser agresores y deben cargar con un proceso
penal.
Este tipo de acciones
entran en franca
contradicción con las normas constitucionales y el sumak kawsay que
este gobierno ha dicho incluir como política, más evidente ha
resultado la política extractivista a costa de la riqueza natural
del Ecuador y en base a la criminalización de aquellos que defienden
sus derechos y los derechos de la naturaleza.
Desde la Cedhu
rechazamos rotundamente
la actitud del gobierno frente a la situación en Chone, ya que emula
a anteriores regímenes donde la negación y el silencio fueron el
pilar principal de flagrantes violaciones de derechos humanos y
rechaza los procedimientos judiciales criminalizando la protesta
social que tienen como finalidad perseguir a quienes hacen uso de un
derecho constitucional.
Atentamente,
Hna. Elsie Monge
Directora Ejecutiva
CEDHU
1Informe
médico de ingreso al Hospital Miguel H. Alcívar, de Carlos Alberto
Espinoza Loor, el 22 de octubre de 2011.
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