AMENAZAN DESALOJAR VIGILIA PERMANENTE POR LA LIBERTAD DE MARCO GUATEMAL.

Yo estuve con Marco en la gobernación cuando le llevaron los policías, no le dijeron nada, ni había un papel con una orden dedetención, lo llevaron sorpresivamente, sin decir nada…!
Rosa Carlosama, Presidenta del Pueblo Karanki.

A partir de la detención ilegal del máximo dirigente Marco Guatemal de la FICI, las organizaciones filiales y amigas semantienen en movilizaciones y asambleas permanentes.
El día de hoy, en horas de la tarde, frente a la gobernación se instalóla “Carpa de la Democracia” desde donde las organizaciones mantendrán una vigilia permanente exigiendo la inmediata libertad del compañero detenido. Sin embargo,“esta expresión democrática ya fue amenazada de ser desalojada en las primeras horas de la mañana” manifestó, Patricia Vinueza, Vicepresidenta del Pueblo Otavalo.

“Rechazamos la actitud traicionera, persecutoria de la gobernadora en contra de los dirigentes indígenas y populares, negando la posibilidad de libertad de expresión de los ecuatorianos/as… cuando era candidata acudió al pueblo indígena,pero hoy fue ella misma quien planificó la captura del compañero… no mas presospolíticos porque no somos terroristas…!” Fausto Giraldo.

Así mismo, Desde la zona de Intag, se han pronunciado “en solidaridad con la FICI y un rotundo rechazo a las actitudes dictatoriales de la gobernadora con la militarización de Intag. No mantendremos ningún tipo de diálogo mientras no se libere al compañero Marco Guatemal” fue anunciado desde las organizacionesde la zona, ante la posible visita de la gobernadora programada para el día de hoy en García Moreno.

Se calcula que solamente en esta semanaen el ecuador se tiene dos presos políticos,uno en Quinsacocha, de la Provincia de Azuay, y otro en la Provincia de Imbabura; esto, sin considerar lo ocurrido hace pocos días en Chone, y los más de 200 dirigentes perseguidos como terroristas.

“El compañero presidente,Marco Guatemal, ha estado siempre trabajando por el desarrollo de los pueblos. La detención del compañero no es legal porque no se respeto el debido proceso. Han violado los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Rechazamos la actitud persecutoria del gobierno nacional que nos ve como enemigosa quienes estamos en contra del régimen. El gobierno viene persiguiendo, acabando con todo tipo de organización. Esto no se debe permitir, compañeros Nosotroslucharemossiempre por los derechos, porque nuestros pueblos sean beneficiados ynuestras necesidades atendidas. En esta medida no dejaremos solo al compañero.La cárcel no nos hará tener miedo, eso nos hace más fuertes. La asamblea de cabildos en la comunidad de Caluquí, decidirá las medidas de hecho… Nuestralucha es por el alto costo de la vida, la lucha es porqueexigimos que se cumplan nuestros derechos”.Aida Marcillo, Vicepresidenta de la FICI,

Todas las personas, organizaciones, estudiantes, hombres y mujeres pueden manifestar su solidaridad, apoyo y rechazo de estas actitudes enviando cartas ovisitando al hermano detenido injustamente en la Cárcel Mayor de Ibarra.
Dirección en facebook de la Señora Gobernadora: http://facebook.com/GabyRivadeneiraB
Telefax de la Gobernación: (593) 062 050 815
Numero Celular del Jefe Político de Ibarra: Pablo Moreno086501959

COMUNICACIÓN FICI
062920976 / 089959325
pacha@riseup.net

LLUVIA DE OCTUBRE EN ECUADOR:

Apresamientos, detenciones, desalojos y militarización se agravan


por Cecilia Chérrez

 

El presidente de la organización indígena FICI, Marco Guatemal, fue apresado a las 11h00 de este 25 de octubre en la ciudad de Ibarra bajo la acusación de obstruir vías públicas durante las movilizaciones en oposición al proyecto oficial de ley de aguas, en mayo de 2010. El presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Azuay, FOA, Leonardo López, fue detenido el mismo día pasadas las 12h00 en la parroquia San Gerardo (Azuay), acusado de lanzar una piedra a uno de los autos de la caravana donde iba el presidente Correa resguardado por 450 militares y 300 policías luego de visitar el páramo de Kimsacocha, donde la minera canadiense Iamgold tiene una concesión que es rechazada por los sistemas comunitarios de agua. Campesinos montubios de Río Grande (Chone) fueron desalojados en forma violenta el pasado martes 18 mediante un operativo de más de 400 agentes de élite de la policía para dar paso a las maquinarias de la empresa china Tiesiju que quiere construir una represa cuya eficacia para el control de inundaciones ha sido descalificada por técnicos independientes; de todas maneras Río Grande es, desde el 17 de octubre, una “zona reservada de seguridad” en base al decreto ejecutivo 914. El viernes 14 de octubre un grupo de 9 militares del Batallón Yaguachi fue interceptado por campesinos de Intag (Cotacachi, Imbabura) en el antiguo camino al campamento minero que abrió la empresa japonesa Bishi Metals en la comunidad de Junín; el oficial a cargo no quiso identificarse pero en medio de contradicciones admitió que se encontraban tomando información georeferencial para enviarla vía electrónica al Instituto Geográfico Militar.

 

Estos acontecimientos no son una coincidencia, constituyen una señal de la forma como avanza el modelo que impulsa el gobierno de la llamada revolución ciudadana. Mientras favorece a las empresas, despoja a las comunidades de sus territorios violando derechos fundamentales, criminalizando y reprimiendo a líderes, dirigentes, comunidades y organizaciones que protestan y rechazan las actividades extractivas, represas, hidroeléctricas.

 

No queda duda del poder que tienen las empresas que quieren explotar el oro, la plata o el cobre; o las empresas interesadas en construir infraestructura para el control del agua y el secuestro de los ríos. No queda duda de lo que se está dispuesto a “facilitar” para que los proyectos ofrecidos a estas empresas sean viables.

 

La criminalización a los movimientos sociales, al ecologismo popular que pone su vida y su integridad por delante para defender la tierra, el agua, los cultivos, ha sido constante en las últimas semanas. Sin embargo, no marca el inicio de la política de intimidación social sino su profundización.

 

Luego del 2008, año en que la Asamblea Constituyente otorgó amnistías a cientos de hombres y mujeres defensoras de la naturaleza que habían sido “reprimidos y luego enjuiciados por delitos políticos y comunes conexos con los políticos, en algunos casos por compañías nacionales y extranjeras, en otros por intermediarios e inclusive por funcionarios públicos” (tercer Considerando, Resolución de 14 de marzo de 2008), los casos de criminalización de la protesta social han resurgido con crudeza.

 

El hostigamiento, la descalificación, los juicios penales, las detenciones y apresamientos contra los líderes sociales son distintos rostros de una misma estrategia que apunta a desmovilizar, silenciar, provocar autocensura, para que una vez logrado el control social quede allanado el camino para una inmisericorde explotación de la Pachamama, el despojo a las comunidades de sus fuentes de vida, y profundizar la acumulación capitalista.

 

La historia de nuestro país se ha escrito con incesantes luchas de sus movimientos sociales, que han ejercido el derecho la resistencia, hoy establecido en la Constitución, para precautelar que los hilos que tejen la vida, la cultura, la comunidad no se pierdan a pesar de todo. Sólo un siniestro remedo de sumak kawsay puede pretender incluir la criminalización de quienes cuidan y defienden los derechos humanos y la naturaleza como parte de la construcción de una nueva sociedad.

Río Grande en el uso del derecho a la resistencia

 

 

Las comunidades de Río Grande oficialmente no fueron informadas acerca del Proyecto Múltiple de Chone, la SENAGUA se negó a proporcionarles la información y menos en cumplimiento de la Constitución a consultarles, por lo cual los pobladores debieron acudir a una acción de acceso a la información pública para obtener parte de la información y así enterarse que la obra se ejecutará en sus propiedades, por lo cual iniciaron acciones de resistencia frente a un proyecto que nos les fue consultado y atenta contra sus derechos garantizados en la Constitución. Después de varias acciones legales inconclusas y amenazas durante las sabatinas presidenciales de militarizar la zona, en la madrugada del pasado 18 de octubre, la fuerza élite de la Policía Nacional ingresó al predio “clave” para el inicio de la obra, el terreno del Sr. Alfredo Zambrano, donde también se encontraban en permanente vigilancia los pobladores del sector en franca solidaridad a su compañero y en resistencia pacífica, fueron desalojados violentamente.

Desde esa mañana se recibieron noticias acerca de personas heridas y con señales de asfixia, no existe registro audiovisual de la violencia porque los miembros de la Policía se encargaron de requisar cámaras de fotos y videograbadoras, desde entonces tampoco ha sido encontrado el niño Ronny Loor Manzaba, de seis años de edad.

Durante esa misma semana se dieron dos desalojos más, el 19 de octubre la gente que hacía vigilia a algunos metros del anterior campamento al ver la llegada de la policía, ante el temor de ser agredidos como ocurrió días atrás salieron del lugar y el 21 de octubre, cuando habían retomado el campamento, la Policía arremetió contra la población, esta vez además de gases lacrimógenos y toletazos, dispararon balas de goma, siendo herido en el pecho de Eduardo Cedeño y provocaron una lesión en la cabeza a Javier Manzaba; así mismo invadieron las propiedades de Ítalo Zambrano y Colón Muñoz, lanzando bombas de gas e intentaron detener a sus propietarios. De esta incursión existen heridos y varias personas con señales de asfixia y al momento la zona se encuentra bajo control militar.

En esta ocasión también llevaron detenidos a seis personas, una de ellas, la Sra. Quinche Loor ese mismo día fue rescatada del UCV de Chone, pero los otros cinco fueron llevados hasta los calabozos de la Policía Judicial de Bahía de Caráquez, según afirma Carlos Espinoza, quien ahora se encuentra en el área de cirugía del Hospital “Miguel H. Alcívar” con trauma abdominal cerrado y trauma pancreático¹, durante el trayecto fue vejado, humillado y torturado junto a los otros cuatro detenidos, que responden a los nombres de: Luis Alberto Arteaga Castro, Fausto Lenin Bravo Alcívar, Líder Antonio Manzaba Cuzme y Jean Carlos Moreira Zambrano. En su contra se ha dictado prisión preventiva bajo los cargos de Rebelión e Intento de Asesinato. Además bajo el riesgo de que continúen los malos tratos, permanecen en la Policía Judicial, en lugar de enviarlos al Centro de Rehabilitación Social de Bahía de Caráquez, como se ordena en la boleta judicial.

Por su parte el Abogado Pablo Cornejo ha puesto la denuncia ante la Fiscalía por las torturas de las que presuntamente fueron objeto los detenidos y se espera que se inicie a la brevedad posible los peritajes correspondientes, sin embargo, Cornejo afirma que los fiscales parecen temer iniciar las investigaciones por represalias desde el gobierno central.

La publicidad del PPM Chone continúa inundando radios y prensa, sin embargo el Gobierno no dice a la ciudadanía que el proyecto tiene diez componentes. Con el actual desplazamiento de personas, se inició la construcción del Desaguadero de San Antonio, con un plazo de construcción de tres años en que se invertirán 51 millones de dólares. En la página web de la Senagua, que patrocina el proyecto, no consta el plan cuatrianual para la ejecución de los demás componentes que requerirán un gasto de 300 millones y muchos años más para su conclusión y que conforme avance la obra se seguirán declarando de utilidad pública más predios y por ende habrá más desplazamientos forzados. Hasta entonces Chone seguirá inundándose, seguirá careciendo de agua potable, y de canales de riego y lo más grave, no se dice que hay estudios que dicen que dicho proyecto tampoco terminará con las inundaciones de Chone.

La actual posición del gobierno denigra y agrede la dignidad de los y las montubias, ya que niega rotundamente los hechos, los heridos, el desaparecido y la criminalización de cinco personas que en ejercicio del derecho constitucional a la resistencia se oponen a dicho proyecto. Ahora que han sido atacados en su propio territorio, respaldados por un decreto ejecutivo, resultan ser agresores y deben cargar con un proceso penal.

Este tipo de acciones entran en franca contradicción con las normas constitucionales y el sumak kawsay que este gobierno ha dicho incluir como política, más evidente ha resultado la política extractivista a costa de la riqueza natural del Ecuador y en base a la criminalización de aquellos que defienden sus derechos y los derechos de la naturaleza.

Desde la Cedhu rechazamos rotundamente la actitud del gobierno frente a la situación en Chone, ya que emula a anteriores regímenes donde la negación y el silencio fueron el pilar principal de flagrantes violaciones de derechos humanos y rechaza los procedimientos judiciales criminalizando la protesta social que tienen como finalidad perseguir a quienes hacen uso de un derecho constitucional.

 

Atentamente,

Hna. Elsie Monge

Directora Ejecutiva

CEDHU

1Informe médico de ingreso al Hospital Miguel H. Alcívar, de Carlos Alberto Espinoza Loor, el 22 de octubre de 2011.

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PRENSA OFICIAL CONFIRMA QUE LO SUCEDIDO EN RÍO GRANDE FUE UN DESALOJO

En la edición del jueves 20 de octubre de 2011, Diario El Telégrafo, uno de los medios oficiales de este gobierno publicó en primera página noticia sobre Río Grande. La misma se titula: 

“Lo ilegal cae por su propio peso” ha dicho el Ab. Pablo Cornejo, defensor de los montubios de Río Grande. “Todo lo que ha hecho el gobierno en el marco del Proyecto de Propósito Múltiple Chone es ilegal, partiendo desde no consultar a las comunidades que serán afectadas como manda la Constitución en su artículo 398, así como lo dispuesto en la Ley de Gestión Ambiental en los artículos 28 y 29. Lo más horrendo de todo es que no se cumplió con lo establecido en el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. Este Reglamento fue publicado en el Registro Oficial No. 332 del jueves 8 de mayo de 2008, suscrito por el propio Presidente Rafael Correa Delgado.

El Comité Central de Comunidades Campesinas de Río Grande, a través de sus voceros, ha rechazado las acciones llevadas a cabo por la policía, las mismas que se responsabilizó el Presidente Correa. “El Primer Mandatario nos ha mandado a aplastar a nuestra gente que simplemente defiende sus tierras. Nunca nos tomaron en cuenta en los estudios, no hablaron con nosotros, jamás socializaron que aquí se iba a construir una represa” indicó Herbin Muñoz, presidente del comité. “El ministro Punina ha dicho que realizaron 37 reuniones pero entre ellos porque nunca nos invitaron y no han tomado en cuenta las propuestas que hemos hecho”. Al preguntar por los estudios del PPMCH dijo “que esos estudios están mal y dicen una realidad que no existe. Nosotros trajimos a un ingeniero civil extranjero experto en geología quien nos indicó que aquí no se puede construir una represa porque no hay rocas que soporten tanto peso del muro y del agua así como también que la montaña se vendrá abajo porque su conformación es de tierra revuelta con piedras”

Cornejo manifestó además que la SENAGUA ha actuado precipitadamente porque tampoco respetó que RG tiene presentada una acción de protección y hasta que no se resuelva el estado no podía actuar en esta zona. “Denunciamos a la fiscalía también el robo de 1267 fojas de documentos que eran pruebas que presentamos junto a la acción de protección en el juzgado III de Tránsito de Pichincha, asunto que se está investigando” Según este experto legal SENAGUA no respetó el plazo de 90 días que establece el art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública a fin de que el expropiado pueda negociar el precio del bien. “Alfredo Zambrano Vera fue notificado por el ministro Punina el 16 de agosto en una audiencia que se realizó en el juzgado II de Tránsito en Chone. Desde esa fecha corre plazo para negociar hasta el 17 de noviembre de este año. Recién en ese momento podría la SENAGUA iniciar el juicio de expropiación pero irrespetando plazos legales y el debido proceso, la jueza 11 de lo Civil de Chone le expropió a don Alfredo el 12 de septiembre”

Para este juicio se utilizó una ficha catastral que no fue elaborada por el municipio como manda la ley. “Tenemos en documento certificado por la fiscalía de Chone la declaración de funcionarios municipales que manifiestan que en el municipio local no se hizo esa ficha ni el avalúo catastral o su respectivo inventario, y también declaró Benhur Rodríguez, sub secretario de la SENAGUA en Manabí que ellos tampoco hicieron esa ficha. Esto nulita el juicio de expropiación que se le hizo al líder campesino Alfredo Zambrano” agregó el especialista.

Debemos indicar que los montubios de RG han presentado otras denuncias al sistema legal por heridas a uno de los campesinos, por una escritura de posesión indivisa de dominio realizada por los hijos de Alfredo Zambrano, con documentos como la partida de defunción de la señora Mariana Loor, esposa de don Alfredo fallecida en 1994. “No se la hizo –la escritura- con la partida de matrimonio porque allí se encuentra marginada la liquidación de la sociedad conyugal que fue hecha en 1986 y además el certificado del registro de la propiedad fechado en junio 23 de 2011 no incluye el gravamen de declaratoria de utilidad pública hecho al predio de Zambrano. Hemos llamado a declarar al notario primero del cantón Tosagua y al Registrador de la propiedad de Chone, Dr. José Chica García sobre estas ilegalidades” dijo Cornejo. Debemos recordar que Zambrano adquirió el predio en El Jobo de RG en 1992.

ANÁLISIS DE LA NOTICIA DE EL TELÉGRAFO

 Quien ha dicho esto no conoce la realidad de Chone que tiene 130.350 habitantes en un territorio de 3.520 Km², con siete parroquias rurales y dos urbanas. La provisión de agua potable es escasa porque la planta de agua potable está obsoleta ya que pasó su vida útil, así que la represa RG NO dotará de agua para consumo humano, industrial o riego porque no se ha contratado la construcción de una nueva planta de agua que en el futuro se la abastecería de acuíferos que hay en el subsuelo del valle de Chone o traerla desde el proyecto Chone Carrizal que está muy cerca. En cuanto al riego solo serán beneficiadas 1.591 hectáreas según el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del PPMCH (EIA-PMA), p. 110. Domingo Paredes (ex ministro del agua) reconoció que en este caso el riego es muy marginal.

Las inundaciones no se terminarán con la represa RG dijo el 16 de agosto Cristóbal Punina, ministro del Agua. Represas como La Esperanza y Poza Honda provocan inundaciones casi todos los años y sus aguas embalsadas contienen ciano bacterias que producen ciano tóxinas que provocan cáncer. (EIA-PMA), p. 156.

Se dice que desde hace 40 años se ha pedido este proyecto pero no se dice que NUNCA se debatió ni consultó a las comunidades que serían afectadas. Violaron la Constitución.

El desalojo no fue realizado en estricto apego a la ley como se informa porque ya hemos visto las ilegalidades cometidas. Violaron la Constitución y otras leyes.

Punina miente cuando dice que se agotó el debido proceso de expropiación. Como hemos visto, el debido proceso NO se respetó en el caso de RG.

No es un pequeño grupo el que se opone a la represa. En RG viven más de 1.400 familias, ocho mil personas en 34 comunidades. Es falso que los campesinos nos hayamos tomado el predio de Zambrano. Allí teníamos nuestro campamento de resistencia que se garantiza en la Constitución, art. 98. Nosotros no difundimos noticias falsas lo que si hace SENAGUA.

Con la construcción del desagüe San Antonio que ya se ha iniciado se afectará al humedal La Segua por las siguientes razones: a. esta obra captará las aguas servidas que se vierten desde la laguna de oxidación; b. durante la estación de lluvias el nivel de las aguas con sedimentos sólidos en suspensión producto de la erosión hídrica de los suelos es elevado por lo tanto estos sedimentos irán a parar al humedal que en poco tiempo se sedimentará perdiendo su capacidad de almacenaje de agua; y, c. con la pérdida de capacidad receptora de agua en el humedal este sitio dejará de albergar aves acuáticas y las otras especies se extinguirán. En el folio 925 (EIA y PMA, p. 276), párrafo seis se dice “se hace constar al Humedal La Segua como un ecosistema que debe ser protegido de cualquier acción que se desarrolle directa o indirectamente en sus alrededores”, argumento suficiente para detener la obra del desagüe San Antonio.

En su reportaje parcializado NO HAY LOS CRITERIOS Y COMENTARIOS DE LA GENTE DE RÍO GRANDE O DE SUS VOCEROS.

COMITÉ CENTRAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE RÍO GRANDE

CHONE – MANABÍ – ECUADOR

 

YA NO CAMBIAMOS VIDA POR ANACRÓNICAS PROMESAS DE DESARROLLO

Por: Natalia Sierra

 

Los pueblos de América latina y específicamente los de Ecuador y Bolivia comparten la misma lucha y enfrentan a un enemigo común: la trampa de los llamados gobiernos progresistas.  Gobiernos que han lanzado una agresiva política contra los campesinos e indígenas que no quieren  aceptar su anacrónica promesa de desarrollo y modernización. Su discurso cada vez confunde menos, la sabiduría popular de los de abajo ya no acepta baratijas a cambio de sus territorios, de su vida y su dignidad. Para los pueblos libres ya pasó aquella vergonzante época en la que los conquistadores embaucaron a nuestros ancestros con espejos y fruslerías doradas.

Cuando las tramposas estrategias del colonizador ya no convence, cuando los pueblos agredidos ya no creen que la agresión colonizadora los va a beneficiar, es decir, cuando el poder del colonizador ya no puede destruir la dignidad humana, recurre como siempre a la violencia irracional. No otra cosa sucede en el TIPNNIS en Bolivia, y no otra cosa sucede en Río Grande Chone-Ecuador. Los gobiernos “progresistas” utilizan los aparatos represivos del Estado para reprimir de forma violenta la justa lucha de los pobladores por impedir que se lleven adelante los mega-proyectos capitalistas (carreteras, hidroeléctricas), cuyo objetivo es asegurar la reproducción del capital en la región.

Sabemos que estos proyectos, que de manera cínica se nos quieren imponer a nombre del progreso y del desarrollo, son parte del IIRSA[i], y de todo el plan mercantil capitalista para la región sur. Sabemos también el daño que el progreso capitalista ha generado en nuestros territorios y en nuestra vida; ya no nos confunden con pírricos tecnicismos y mucho, mucho menos, con viejos y gastados discursos nacionalistas y desarrollistas, tan usados por las burguesías locales y regionales.

Ya no creemos en la retórica del “interés nacional”, con la cual buscan justificar la implementación de proyectos destructivos del medio ambiente y la vida cultural que en él se despliega. Ya no creemos en el interés nacional cuando conquistamos, al menos en la definición constitucional, el carácter Plurinacional del Estado.

Estos gobiernos, como sabiamente apunta la boliviana Silvia Rivera[ii], reeditan el pensamiento Colonial que estigmatiza a los indígenas y a los campesinos de “salvajes”, los salvajes que no quieren el desarrollo y el progreso. Lo que pasa, dice, es que no conocen al indígena y su profunda dignidad. Nos acusan de salvajes por no creer en su desarrollismo de carreteras, hidroeléctricas, plantaciones de bio-combustibles, etc., desarrollismo que comparten con la vieja y la ultra derecha latinoamericana.

De hecho, los salvajes parecen ser ellos, que no entienden que el desarrollo capitalista es una fuerza extremadamente destructiva para la naturaleza y la vida humana. Salvajes y manipuladores que usas la política del chantaje con la población. Primero establecen un programa vergonzoso de bonos de miseria y luego amenazan a con retirar esta insolente política de la caridad, si la población no acepta la construcción de la infraestructura, que la extracción de los bienes naturales  y la circulación de mercancías exige. Política basada en el chantaje y en las prebendas que se dan a ciertas poblaciones o dirigentes que se dejan envolver o comprar.

Cuando toda esta estrategia no funciona y las poblaciones se resisten al desarrollo capitalista, entonces siempre se puede usar la represión violenta, siempre se puede disponer de los aparatos represivos del Estado. Sin ningún pudor mandan a la Policía o al Ejército a reprimir a los comuneros de Río Grande, en el caso de Ecuador, para dejar el camino despejado para la construcción de la represa hidroeléctrica, proyecto que inundaría unas 6 mil hectáreas de altísima calidad agrícola en la zona y provocará el desalojo de más de mil familias. De la misma manera, en Bolivia reprimen a los indígenas que se oponen a la construcción de la carretera que, de ser construida, destruirá el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El patrón de poder se repite: los pueblos y comunidades no son consultadas como mandan las Constituciones de los dos Estados Plurinacionales de Ecuador y Bolivia; no se respetan los acuerdos internacionales que protegen los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades que conforman estos países; hay abusos, tanto de los gobiernos como de las empresas transnacionales que están a cargo de la construcción, en complicidad con los primeros.

Las nefastas prácticas de los aparatos represivos del Estado se repiten: mujeres y niños arrastrados, amordazados, heridos, humillados, golpeados, perseguidos, encarcelados. Violencia que luego se la quiere justificar con absurdas acusaciones de conspiración, de supuesto boicot al “proyecto revolucionario”. Acusaciones inadmisibles que llegan a decir que los compañeros indígenas y comuneros que luchan por defender su territorio y su vida están financiados por la CIA. Creen que somos estúpidos, que no sabemos para quienes realmente están gobernando, como si no fuese claro su servilismo a los grandes negocios del capital.

Pero no se equivoquen, la profunda sabiduría de nuestros pueblos y su altísima dignidad se hace presente en medio de tanta mentira, de tanto engaño; se pone hecha cuerpo, marcha, grita, resiste; se abre rompiendo la manipulación mediática y discursiva del poder dominante. Seguiremos resistiendo pese a lo sofisticado y brutal del poder que los “gobiernos progresistas” están implementando en América latina.

[i] Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica

[ii] http://www.youtube.com/watch?v=yCqVJNnefcw&feature=share

CONCESIONES MINERAS AFECTARÍAN LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO YANUNCAY

Compartimos un breve resumen del informe de la Contraloría General del Estado, UAIE 0036-2009, sobre la cuenca del Yanuncay: Examen especial a la “Gestión Ambiental de las Fuentes Hídricas de ETAPA de la cuenca del Yanuncay” por el período comprendido entre el 31 de octubre del 2007 y el 31 de octubre de 2008.

El informe establece entre otras cosas:

"Las concesiones mineras afectarían la calidad y cantidad del agua en la cuenca del Río Yanuncay"

El área de aporte de la cuenca a la captación Yanuncay, que abastece a la Planta de Tratamiento de Agua Potable SUSTAG de ETAPA que está localizada en la cota 2929 msnm es de 33.163 HAS.

"Lo descrito da cuenta que las concesiones mineras de la cuenca se encuentran localizadas en zonas de páramos y en la cabecera del río Yanuncay, el cual abastece a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Sustag que actualmente capta 464 litros/seg y para el año 2030 se prevé captará 650 litros/seg para abastecer una población de 100.877 habitantes de la zona sur oeste de la ciudad de cuenca e inclusive las cabeceras parroquiales y alrededores de Baños; San Joaquín, sectores urbanos de la ciudad de Cuenca e importantes zonas periurbanas  rurales como Mesicata, Huizhil, Guzho, Narancay, Vista Linda, Vía Medio Ejido-Sayausí-Barabón, Bio-corredor del Yanuncay, sin que exista en ETAPA la suficiente información y estudios sobre el real riesgo que  representa la actividad minera en la cuenca del río Yanuncay, puesto que el páramo al tratarse de una zona de gran sensibilidad y vulnerabilidad ambiental podría producir alteraciones hidrogeológicas importantes como producto de las actividades mineras."

"Consecuentemente existe un alto riesgo de que se provoque un daño ambiental irreversible que afectaría a la calidad y a la cantidad de agua que abastece a la población de la ciudad de Cuenca"; lo cual contradice lo establecido en la Ordenanza que regula la Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable , Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca Art. 5 literal I, y la reforma al Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca que establece también en sus artículos 75 y 77 literal c la necesidad de protección estricta a las cuencas hidrográficas de los ríos Tomebamba y Yanuncay,  de la misma manera que la Constitución de la República.

El informe también menciona:

1.   Falta de participación y acuerdos con las comunidades locales para la protección de la cuenca. Mínima intervención social en la Cuenca media y alta del Yanuncay.

2.   Falta de cumplimiento parcial en las actividades planificadas.

3.   El 60, 4 % de la superficie de la cuenca del río Yanuncay esta concesionado a diferentes empresas mineras: ACACIA (2.525.71 HAS), IAMGOLD (5.852 HAS), SIERRAMIN S.A. (13.954 HAS), total: 24.954.46 HAS. Incluyen el proyecto minero QUIMSACOCHA con una concesión de 9.250 HAS, de las cuales 2.680 HAS se encuentran en trámite de reversión a ETAPA (no se ha realizado).

4.   Contaminación aguas arriba de las captaciones para la ciudad de Cuenca.  En los sectores Can Can y Soldados existen dos camales clandestinos que generan contaminación de aire, agua y suelo", contaminando el  Río Izhcarrumi. Impacto en las micro cuencas abastecedoras de agua con coliformes fecales y concentración DBO está en aumento.

5.   Falta de datos hidrológicos e hidráulicos para un mejor análisis de  la  situación hidrológica de la zona.

6.   Zonas protegidas:

Áreas de bosque y vegetación protectora ABVP-Yungilla con 4.041 HAS (10%)

Parque Nacional Cajas con 6.844 HAS (15%)

ABVP Yanuncay-Irquis con 24.803  HAS (60%)

7.   Dispone a ETAPA realizar los trámites ante el Ministerio de Energía y Minas necesarios para impedir la continuación de todo tipo de actividad antrópica que afecte a la Cuenca del río Yanuncay y que realice ETAPA estudios científicos de la real afectación que podría provocar este tipo de actividades.

8.   Preguntas, ¿habrá ETAPA cumplido estas últimas disposiciones?

¿No es suficiente esto para detener las actividades mineras en la zona y revertir las concesiones utilizando el principio de precaución como bien lo establece el informe?¿No le dan suficiente razón a la consulta comunitaria realizada en Victoria del Portete y Tarqui por rechazar la actividad minera? 

Ricardo Buitrón

                  Proyecto Andino de Agua ISP

 

Pueblo Shuar Arutam a la Opinión Pública Nacional e Internacional

A raíz de la amenaza de la crisis económica mundial que azotará a los países en desarrollo, los gobernantes de los países América Latina y el Caribe marcan una estrategia orientada a las actividades extractivas como el único modelo de desarrollo que probablemente paleará este percance y mantendrá a los países con recursos para el ejercicio de sus actividades regulares.

En el año 2008, por primera vez en la historia, el Ecuador es elogiado por el mundo entero, por incorporar en la carta magna los derechos de la naturaleza; por impulsar los derechos colectivos de nacionalidades y pueblos, reconociendo a Ecuador, un Estado Plurinacional e intercultural.

Sin embargo, la carta magna deja imprecisa las decisiones relacionadas a la consulta a los pueblos y nacionalidades para la explotación de recursos no renovables; es decir, una consulta previa e informada que se contempla en los convenios y pactos internacionales, no surte efecto alguno, porque de considerarse un proyecto estratégico de interés nacional, el gobierno central impone las decisiones vulnerando los derechos individuales y colectivos, declarando en silencio el etnocidio y genocidio de pueblos y nacionalidades.
 

Es posible que la política de un gobierno de revolución ciudadana, con modelo de desarrollo sustentable con equidad en este siglo XXI esté orientada hacia el exterminio de los pueblos y nacionalidades, luego de reconocimiento de su existencia y otorgando los derechos colectivos...?
 

Es inaceptable que los gobernantes hayan decidido ofertar las últimas reservas de sus riquezas a las transnacionales, es así como el Gobierno nacional, impone una invasión inconsulta con la décima ronda de licitación petrolera y minera que atenta gravemente nuestros espacios de vida, los derechos reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales que amparan y protegen los derechos de las nacionalidades indígenas.

El Pueblo Shuar Arutam, una organización social asentada en la cordillera del cóndor, con un territorio de 200 mil hectáreas, con 10 mil habitantes, con un sistema de autogobierno orientada a la autonomía basada en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales; mantiene una firme decisión de rechazo a las actividades extractivas por que atentan el ecosistema, la biodiversidad, la cultura y la vida consuetudinaria de los Shuar.

En este contexto, expresamos nuestro manifiesto público a nivel nacional e internacional, el RECHAZO ROTUNDO a las decisiones del Gobierno de Revolución Ciudadana y las empresas transnacionales como EXPLORCOBRES S A, ECUACORRIENTE S.A, CORIENTE RESOURSES, sus deseos de desarrollar proyectos mineros e hidroeléctricos en la cordillera del cóndor, territorio del PUEBLO SHUAR ARUTAM. Cualquier intento de incumplimiento de este manifiesto acareará controversias y graves enfrentamientos de los cuales será muy lamentable la solución pacífica, para el cual nos acogeremos al derecho a la resistencia contemplada en la Constitución Política.
 

En tal virtud, elevamos nuestro pronunciamiento al Gobierno Nacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Concejo de Derechos Humanos de la ONU, al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, y la Comisión permanente de asuntos indígenas, a fin de que tome cartas al asunto y se genere el ambiente más adecuado para el desarrollo de los países que aglutinan sus pueblos y nacionalidades como es el Ecuador.
 

Para el efecto, invitamos a todas las nacionalidades, organizaciones sociales, sindicatos, trabajadores, y ciudadanía en general de Morona Santiago, Región Amazónica, Ecuador y el mundo, hacer una gran minga de defensa de los derechos colectivos. Nos mantendremos alertas, en constante comunicación y en sesiones permanentes.

Sucúa, 5 de octubre del 2011.
 

 

Bosco Santiak
PRESIDENTE EJECUTIVO DEL PUEBLO SHUAR ARUTAM

 

Gonzalo Tibi                                         Efrén Chiriap
RELACIONADOR EXTERNO                  RELACIONADOR EXTERNO
 

   Carlos Unkuch                                       Aníbal Palomino
       PRESIDENTE ASOC. MAYAIK               PRESIDENTE ASOC SANTIAGO
 

Fidel Tseremp                                       Pedro Antún

PRESIDENTE ASOC NUNKUI                PRESIDENTE ASOC SINIP
 

  Samuel Shakai                                         Bosco Nankamai

         PRESIDENTE ASOC ARUTAM                PRESIDENTE ASOC TARIMIAT

Consulta Comunitaria en Victoria del Portete

Las autoridades de los sistemas comunitarias de la gestión del agua de la parroquia, en legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales y colectivos, determinados en la Constitución de la República del Ecuador, Articulo 57, así como los tratados internacionales 169 de la OIT, participan masivamente en el acto democrático de consulta, para responder la única pregunta:

¿Esta Ud. De acuerdo con actividades mineras en Kimsakocha? SI ---- NO ----.

La participación de autoridades de los movimientos sociales ECUARUNARI, CONAIE Y los Asambleístas Gerónimo Yantalema y Lourdes Tiban, en el acto de inauguración de este importante proceso comunitario, respaldaron plenamente al acto democrático de iniciativa social, actuando como observadores del proceso.

 

Este acontecimiento democrático se desarrolla una vez que el Gobierno Nacional, entrego más de 10 mil hectáreas en concesión territorios comunitarios denominados Cerro Casco y Río Falso a la empresa minera IAMGOLD, violentando todos los derechos constitucionales, de la consulta a las comunidades, pueblos y nacionalidades.

La parroquia Victoria del Portete, en la actualidad es una zona altamente productiva, con una producción de 200 mil litros de leche diaria, que generan ingresos directos a los productores comunitarios de 80 mil dólares día, y 31 millones de dólares anual, ingresos que se verían afectados, como consecuencia de la actividad minera, esto es sin considerar los efectos de destrucción de las zonas de recarga hídrica y la consecuente contaminación de las fuentes de agua, que garantizan la vida de las poblaciones de estos territorios.

Las autoridades de los Gobiernos Comunitarios de la ECUARUNARI y la CONAIE, anticiparon que este acontecimiento es el inicio de una gran movilización nacional en defensa de los derechos de la naturaleza y la exigencia a la Asamblea, y la función ejecutiva a la inmediata convocatoria a consulta prelegislativa de la ley de aguas y el tratamiento de la ley de tierras, contra toda forma de criminalización de la lucha social.

A pesar de la supuesta negativa del Gobierno Nacional, del Gobernador de la provincia del Azuay, de desconocer el derecho y mandato comunitario, de publicar por dos días en los medios de comunicación, un día antes regar pasquines en las parroquias de Tarqui y Victoria del Porte, se realizó con éxito la Consulta Comunitaria.

Con ceremonia Koricanchi y un acto de inauguración se dio inicio al acto comunitario que por 1ra vez se realiza en el país. Principales autoridades y delegados (observadores) nacionales, provinciales, locales, comunitario e internacionales acompañan al proceso comunitario en el centro parroquial de Victoria del Portete.

Realmente es una fiesta democrática, participativa y transparente que se cumple con la participación de los usuarios del Sistema de Agua de las dos parroquias del cantón Cuenca.

“Este en un derecho dentro de los Derechos Colectivo en nuestro país y estado plurinacional para así construir desde el verdadero Estado Plurinacional desde la práctica y desde la iniciativa comunitaria. A nombre de los Pueblos Indígenas del Ecuador ECUARUNARI-CONAIE declaro inaugurado este proceso electoral democrático comunitario. Alternativo donde todos vamos a definir qué hacer con la Pachamama y agua, viva estado plurinacional” dijo Delfín Tenesaca, presidente de ECUARUNARI al inaugurar el acto y Consulta Comunitaria.

Todos entusiastas con ánimo y mucha energía acuden al derecho comunitario y colectivo, así mismo rechazaron en forma rotunda las declaraciones del Gobernador de la provincia y han dicho que este acto es legítimo, transparente y justo. Siendo las 14h20 se da por terminado la Consulta Comunitario por parte de la Abogada Martha Arévalo, Presidenta del Tribunal Electoral Comunitaria y preceder al conteo respectivo.

Luego de los escrutinios por parte del Tribunal Electoral Comunitario a partir de las 15h30 hicieron público los resultados siendo estos los siguientes:

Por el SI: 47 votos= 4.53%

Por el NO: 958 votos= 92,38%

Blancos: 18 votos= 1.73%

Nulos: 14 votos= 1.35%

Llegando a un total de 1.037 votantes

Un triunfo rotundo por parte de los Usuarios del Sistema de Agua Comunitaria de Tarqui-Victoria del Portete. Para constancia firmaron los integrantes del Tribunal Electoral Comunitario: Martha Arévalo Ch, presidenta, Lauro Sigcha, Joaquín Torres, María Sigcha y Federico Guzmán vocales, y certifica como secretaria Tania Vele.

Estos resultados fueron entregados a los observadores nacionales e internacionales y a los principales dirigentes indígenas del Ecuador ECUARUNARI y CONAIE que acompañaron todo el día al acto histórico y por primera vez que se dio en el Ecuador.

Humberto Cholango, presidente de CONAIE, en su intervención menciono que “nada y nadie detendrá nuestra lucha en defensa del agua y así construir un Ecuador mejor y sin minería en nuestros territorios, este es un ejemplo de una verdadera democracia. Desde CONAIE y Pueblos Indígenas haremos en todo el país cuantas consultas sean necesarias en defensa agua y de nuestros territorios, exigimos a la Asamblea Nacional y al Gobierno nacional que respeten estos resultados porque la decisión y la palabra del pueblo es la palabra de Dios. Vamos a seguir mas unidos por el bien de nuestros hijos y comunidades e invitamos para la gran marcha nacional e ir a Quito para hacer respetar las decisiones del pueblo”.

Por su parte Delfín Tenesaca, presidente de ECUARUNARI dijo: “felicitamos y saludamos este proceso democrático y trasparente de las comunidades, este mensaje hay que difundir para hacer algo semejante en todo país, no tengamos miedo y debemos sentirnos respaldados entre todos. Hoy es un día de solidaridad entre nosotros, la Pachamama y la vida es para fortalecer y trabajar por los niños de pecho que necesitan más, por la esperanza estamos trabajando, por la vida y seguir adelante. No podemos permitir el triunfalismo, hay que fortalecer la unidad y la fuerza, somos humildes pero nunca humillados, esto es una rebeldía frente a la justicia. La Pachamama tiene vida como los seres humanos, el agua corre por la Pachamama por eso hay que defender, vamos a organizar una marcha para decir esto es la verdadera democracia, para que respete el gobierno de Alianza país, porque el agua es vida”

Carlos Pérez, presidente del Sistema de Agua Comunitaria de Tarqui y Victoria del Portete UNAGUA y FOA al momento de conocer los resultados de la Consulta Comunitaria dijo: “venció la rebeldía y dignidad del pueblo 4.53% por el si y 92.38% por el NO a la minería y cada gotita contribuye a la creciente d la resistencia”.

Por más que el gobierno nacional desconozca y traten de ingenuos a los campesinos e indígenas, ellos se basaron en el convenio 169 de OIT y demás instrumentos internacionales, en los artículos 56, 57 numeral 1 y 7. Art. 58, 59 y 61 numeral 6 y 398 de la Constitución Política para decir NO a la minería en Kimsakucha.

Comunicación UNAGUA/FOA-ECUARUNARI

FOTOS: PZT