Este Tribunal responde al llamado de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales y no gubernamentales del Ecuador, que debido a la lucha por sus derechos colectivos y los de la naturaleza han sido víctimas por una práctica cada vez más extendida de criminalización y judicialización, alentada por empresas nacionales y transnacionales -particularmente del sector extractivo-, y ejecutada por diferentes autoridades judiciales, policiales, militares y administrativas, así como fuerzas de seguridad privada.
Somos hereditarios de las experiencias de los Tribunales de Opinión, de los Tribunales de los Pueblos, de las Comisiones Éticas y de la Verdad y de todas aquellas iniciativas que apelan a la conciencia de la humanidad para juzgar las acciones y omisiones que los Estados, las Empresas y otros agentes privados realizan deliberadamente para quebrantar y contener la legítima reclamación de los derechos humanos y de la naturaleza y que dadas las limitaciones de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, permanecen en la impunidad.
Nuestra labor de ninguna manera busca reemplazar el deber del Estado de satisfacer el goce de las garantías jurisdiccionales, pero si busca exigir a la administración de justicia no convertirse en un escenario instrumental para la restricción de los derechos a la organización colectiva, asociación, reunión, manifestación, movilización social, participación y defensa de los derechos colectivos y de la naturaleza.
Conforme a las presentaciones y declaraciones escuchadas en la sesión del día de ayer, este Tribunal encuentra probado que:
- Existe un patrón de criminalización. Los casos son demostrativos de una práctica sistemática de criminalización como medio para disciplinar la protesta social y eliminarla.
- Existe una desigualdad enorme en la aplicación de la justicia. Mientras la justicia es instrumentalizada para criminalizar a las y los defensores de la naturaleza, permanece pasiva frente a las violaciones de los derechos humanos de que ellos y la naturaleza son víctimas
- Las y los defensores de la naturaleza y sus familias están indefensos. La criminalización pone en situación de vulnerabilidad a las personas criminalizadas, a sus familias y a su entorno comunitario; a los operadores oficiales que se atreven a emitir fallos favorables a los defensores.
- La naturaleza – Pachamama está indefensa al privarla de sus defensores. Sin defensores materializar el sumak kawsay es imposible.
Por lo anterior nos permitimos recomendar:
Al Poder Ejecutivo
- Que se abstenga de expresar en sus discursos o declaraciones, contenidos que deslegitimen o que estigmaticen los y las defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza.
- Que no interfieran en las decisiones que deban tomar los funcionarios de la rama judicial, especialmente cuando se trate de procesamiento penal a las personas miembros de organizaciones no gubernamentales.
- Se abstenga de diseñar y llevara a cabo proyectos extractivistas, dado que estos no se ajustan al mandato constitucional del sumak kawsay.
- Se abstenga poner en falsa confrontación el interés público fundado en el poder de las mayorías sobre las minorías más vulnerables, pues se desconoce la pluralidad de intereses legítimos que conforman el país y que luchan los derechos humanos y de la naturaleza.
- Que el Poder Ejecutivo se disponga a corregir y retractarse de las declaraciones públicas realizadas hasta el momento en las cuales menosprecia y estigmatiza los y las defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. El Presidente debe pedir perdón como parte de una reparación integral que les adeuda.
- Que encamine las políticas públicas hacia una armónica relación entre los seres humanos y de estos con Pachamama.
- Que se disponga a entablar relaciones sanas y libres, sin ningún tipo de discriminación, con las personas, organizaciones, comunidades y pueblos. En el caso específico de las organizaciones, derogar cualquier disposición que las afecte buscando disolverlas o incidir sobre sus estatutos.
Al Poder Legislativo
- Que se abstenga de emitir normas contrarias a la Constitución Nacional, particularmente aquellas que afecten la participación, la libre expresión y la consulta de decisiones relacionadas con los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. A su vez, que se apegue a sus atribuciones estrictamente constitucionales y no interfiera indebidamente en los quehaceres de otras ramas del poder o en organismos de control propios del Estado.
- Deben ser derogados los artículos del Código Penal que se están utilizando para criminalizar las y los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, particularmente el que hace referencia al terrorismo, pues es desproporcionado y va en contravía del sumak kawsay.
Al Poder Judicial
- Que se abstenga de procesar miembros de organizaciones o pueblos que defiendan los derechos colectivos y de la naturaleza, acogiéndose al principio de que el derecho penal es el último recurso.
- Que el Poder Judicial se disponga a dar cumplimiento a las amnistías otorgadas por la Asamblea Constituyente; además a archivar todos los procesos iniciados contra las personas, organizaciones y pueblos defensores de los derechos humanos y de la naturaleza.
- Ordenar la reparación integral de las víctimas de criminalización, sus familias y entorno social; esto incluye la petición de perdón por parte del Presidente de la República y su compromiso de no volver a criminalizar las organizaciones sociales. Además de investigar a quienes utilizaron y utilizan a la justicia contra los movimientos sociales
A los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
- No utilizar la violencia para contener las protestas sociales; proteger a las comunidades cuando se vean amenazadas por la industria extractiva; no realizar operaciones militares en las tierras de comunidades campesinas y territorios de las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendiente y montubio.
Al poder público en su conjunto
- Detener de inmediato los proyectos extractivos que destruyen la naturaleza; que se reestructure ya el poder judicial con carácter plurinacional, incluyendo los derechos colectivos y de la naturaleza y la jerarquía de la justicia indígena.
A los medios de comunicación
- Informar con la verdad los hechos en los que participan los movimientos sociales y en defensa de la naturaleza; darle a las comunidades el mismo espacio que se da a las autoridades y a las empresas.
A la comunidad internacional
- Vigilar y exigir al Estado ecuatoriano el cumplimiento a las normas y compromisos internacionales de derechos humanos ya adquiridos.
A las comunidades y organizaciones
- Con base en la ética de la existencia y la ética de la resistencia y ejerciendo la no violencia activa: mantenerse en la defensa de sus derechos y los de la naturaleza para defender el sueño del sumak kawsay.
Dado en Cuenca de Guapondélig, Ecuador; junio 23 de 2011
